Marcelo Moisés cuestionó la nueva reforma laboral impulsada por el Gobierno

Tras el último encuentro paritario en Salta, el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, dejó una definición política contundente sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y sancionada por el Congreso: está “totalmente en contra”.

La postura no fue impulsiva. Moisés comenzó reconociendo que el mundo del trabajo cambió y que es necesaria una actualización normativa que contemple nuevas modalidades laborales. Sin embargo, marcó una diferencia sustancial: “Una reforma sí, pero no en estos términos, es un retroceso total para los trabajadores", sentenció.

El espejo de los ’90

El intendente de Apolinario Saravia apeló a la memoria económica del país. Recordó las reformas de los años ’90, cuando bajo la promesa de generar empleo se avanzó en flexibilizaciones.

“El argumento era el mismo: que bajando costos laborales iba a haber más empleo. Y eso no pasó”, sostuvo en diálogo con este medio.

Recesión y caída del consumo

Moisés fue más allá y cuestionó el modelo económico en su conjunto. Señaló que durante los dos primeros años de gestión nacional se registró el cierre de entre 21.000 y 22.000 empresas empleadoras en el país, con una pérdida estimada de entre 290.000 y 330.000 puestos de trabajo registrados, especialmente en la construcción.

Reforma laboral: qué cambia y cómo puede impactar en tu trabajo

Para el intendente, la raíz del problema está en la recesión. Explicó que cuando el poder adquisitivo cae por efecto de la inflación y el ajuste del gasto, el consumo se retrae. Al vender menos, las empresas reducen producción, frenan inversiones y terminan despidiendo personal o cerrando. “Sin consumo no hay producción, y sin producción no hay empleo”, sintetizó.

En ese contexto, cuestionó el discurso de la “reconversión laboral”: “¿Reconversión hacia dónde, si las fábricas están en crisis por la apertura indiscriminada?”. Incluso mencionó el fenómeno del dumping como práctica de competencia desleal que afecta a la industria nacional.

En ese marco, Moisés también planteó que el Gobierno nacional debería proteger a las empresas argentinas frente a la competencia externa, tal como -según señaló- lo hace Donald Trump en Estados Unidos, pese a compartir una matriz ideológica similar con Javier Milei. “Allá se habla de libre mercado, pero cuando se trata de defender la producción nacional, el Estado interviene. Acá estamos dejando a nuestras industrias solas frente a importaciones que compiten en condiciones desiguales”, cuestionó.

El límite político

En términos institucionales, Moisés remarcó que tras las elecciones de 2023 aceptó la voluntad popular que pidió acompañar al nuevo gobierno nacional, como corresponde en democracia. “Quienes tenemos responsabilidad de gestión no podemos obstaculizar a un gobierno elegido por el pueblo”, explicó y agregó: “No se trata de traicionar principios, sino de respetar el resultado electoral y la voluntad popular”, deslizó.

Sin embargo, sostuvo que la reforma laboral marca un punto de inflexión. “Hay cosas como esta reforma que no se puede acompañar, y tengo la obligación y el compromiso moral de decirlo”, señaló.

Los cuestionamientos de fondo

Según expresó el propio Moisés, sus principales objeciones a la reforma pasan por: la ampliación del período de prueba, que -a su entender- debilita la estabilidad laboral. Los cambios en el régimen de indemnizaciones, que reducen la protección ante despidos. La flexibilización de modalidades contractuales que podrían profundizar la precarización, en cuánto horarios, días de trabajo, etc. Además mencionó el riesgo de que, bajo la bandera de modernización, se consolide mayor vulnerabilidad para el trabajador.

Sin embargo consideró que lo peor es que esta reforma provoca un fuerte debilitamiento de la negociación colectiva, dejando al trabajador sin protección gremial.

La discusión, ya instalada en el Congreso, ahora empieza a trasladarse con fuerza al interior. Y desde Anta, la voz del jefe comunal de Apolinario Saravia dejó claro que el acompañamiento institucional tiene límites cuando, según su visión, están en juego derechos laborales históricos.