Energía solar en zonas rurales: el informe que explica el problema

La prestación del servicio eléctrico mediante paneles solares en zonas rurales de la provincia atraviesa un escenario complejo, marcado por altos niveles de morosidad entre los usuarios y demoras en la resolución de reclamos vinculados al funcionamiento del sistema. Los datos surgen de un informe difundido por el Ente Regulador ante consultas y planteos realizados por usuarios respecto del servicio que presta la empresa ESED S.A.

El relevamiento oficial advierte que la situación financiera vinculada al sistema presenta un nivel de deuda significativo por parte de usuarios particulares. Según el informe, la deuda acumulada asciende a aproximadamente 2.100 millones de pesos, con un promedio de $182.102 por usuario.

La morosidad también se refleja en la cantidad de facturas pendientes de pago. El promedio es de 38 facturas impagas por usuario, aunque se registran casos extremos que superan las 160 boletas sin abonar. De acuerdo con los datos oficiales, existen usuarios que mantienen el servicio activo durante tres y hasta cuatro años sin registrar pagos, en un sistema donde el 96,25% de los beneficiarios corresponde a usuarios particulares.

Desde el organismo de control sostienen que este escenario impacta directamente en la sostenibilidad operativa del servicio, que depende del mantenimiento permanente de equipos y de la reposición de componentes claves, especialmente baterías.

Reclamos y sistema de sanciones

Otro de los puntos abordados en el informe tiene que ver con los reclamos por interrupciones del servicio. El Ente Regulador aclaró que, en los casos en que la falta de suministro es atribuible a la empresa prestataria, los usuarios reciben compensaciones económicas en forma de bonificaciones en la factura.

Un ejemplo citado es el del suministro identificado como NIS 1473, que actualmente registra créditos acumulados por facturaciones anteriores, lo que permite cubrir el total de las próximas facturas hasta agotar ese saldo a favor.

Además, mediante la Resolución 257/25, se modificó el criterio de aplicación de sanciones a la empresa. A partir de esta normativa, la multa a favor del usuario equivale al doble del tiempo que el servicio permaneció interrumpido.

Sin embargo, el organismo explicó que el proceso de acreditación de estas compensaciones puede demorar. Actualmente el plazo estimado para que el usuario vea reflejada la multa en su factura ronda los seis meses, debido a la transición normativa y a retrasos en la remisión de información por parte de la concesionaria.

Equipamiento y costos del sistema

En paralelo, el Ente Regulador dispuso medidas para garantizar la continuidad del servicio en los hogares que dependen del sistema solar domiciliario.

Entre las decisiones adoptadas se encuentra la intimación a la empresa ESED S.A. para que adquiera 250 baterías por mes, con el objetivo de normalizar los reclamos pendientes vinculados al desgaste o falla de estos equipos. Según la propia empresa, la falta de estos componentes fue uno de los factores que incidió en la baja resolución de reclamos durante diciembre y enero, en un contexto de dificultades financieras.

Durante el último año, el organismo también aplicó multas por un total de 12 millones de pesos a la concesionaria por incumplimientos relacionados con la remisión de información obligatoria.

El informe también expone la diferencia entre el costo real del sistema y el valor que abonan los usuarios. Actualmente, un sistema solar domiciliario tiene un costo que oscila entre $510.000 y $740.000, mientras que la tarifa subsidiada que paga el usuario es de $10.909,76.

En este escenario, el Ente Regulador sostuvo que continuará con las tareas de control y fiscalización del servicio eléctrico en áreas rurales, un sistema que resulta clave para garantizar el acceso a la energía en comunidades alejadas de las redes convencionales de distribución.