Diputados tratará una ley que sanciona a padres que no actúen ante casos de bullying

La Cámara de Diputados de Salta tratará este martes uno de los proyectos más sensibles del inicio del período legislativo: una iniciativa que busca sancionar a los padres, tutores o responsables legales de menores que ejerzan bullying, cuando, pese a haber sido notificados, no adopten medidas para frenar la situación.

El proyecto, que ya fue aprobado en el Senado provincial y figura como punto 1 del temario de la 4° Sesión Ordinaria, propone incorporar el artículo 88 bis al Código Contravencional de Salta, dentro del capítulo referido a las “Contravenciones contra el sano desarrollo del menor”.

La autora de la iniciativa es la senadora por Anta, Alejandra "Betina" Navarro, quien planteó que hoy el Estado provincial no cuenta con una herramienta específica para intervenir cuando el hostigamiento escolar persiste no solo por la conducta del menor agresor, sino también por la omisión o indiferencia de los adultos responsables.

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Qué propone concretamente

Si el proyecto avanza este martes en Diputados, podrá ser sancionado con arresto de hasta 30 días o multa de hasta 30 días el padre, madre, tutor o representante legal de un menor que protagonice hechos reiterados de acoso escolar, siempre que haya sido debidamente notificado y, aun así, omita supervisar, contener, acompañar o corregir la conducta.

Además, en caso de reincidencia, el juez contravencional podrá duplicar la sanción y sumar como medida accesoria la asistencia obligatoria a talleres de parentalidad o tratamiento familiar interdisciplinario.

Pero el proyecto también pone un límite importante: la vía sancionatoria no sería automática. Solo podría intervenir la Justicia cuando previamente hayan fracasado los mecanismos institucionales de abordaje, es decir, cuando la escuela y los organismos de protección de derechos ya hayan intentado intervenir sin éxito. Para eso deberá existir un informe fundado con antecedentes, notificaciones y constancias de incumplimiento.

El punto de fondo: el bullying deja de ser “solo un problema escolar”

El dato político y social más fuerte del proyecto es que corre el eje del debate. Ya no pone el foco únicamente en lo que pasa dentro del aula, sino también en lo que pasa afuera de la escuela, en la casa, en la crianza y en la respuesta de los adultos.

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En los fundamentos, Navarro fue clara: muchas veces los casos de bullying se agravan porque hay padres que minimizan lo ocurrido, lo justifican como “cosas de chicos”, desautorizan a la escuela, faltan a reuniones o directamente incumplen acuerdos de conducta. Según la legisladora, esa actitud termina dejando desprotegida tanto a la víctima como al propio menor agresor.

Ese punto puede convertir al proyecto en uno de los debates más fuertes del año en la Legislatura: hasta dónde debe llegar el Estado cuando la familia no responde frente a hechos de violencia escolar.

Un tema que ya venía siendo agenda en Salta

La discusión no aparece de la nada. En Salta ya existe desde 2023 una ley específica para detectar, prevenir, sancionar y erradicar el bullying en los establecimientos educativos. Lo que ahora se busca es dar un paso más: incorporar una herramienta contravencional para los casos donde la escuela y los organismos de protección no logran frenar la situación por falta de compromiso de los adultos responsables.

Lo que se jugará este martes

Si el proyecto obtiene respaldo en Diputados, Salta podría quedar entre las provincias que avanzan con mayor dureza sobre la corresponsabilidad familiar frente al acoso escolar.

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No se trata solo de una discusión jurídica. Lo que se pondrá sobre la mesa es si el Estado debe castigar a los adultos que miran para otro lado cuando un chico o adolescente bajo su responsabilidad hostiga de manera reiterada a otro compañero.

Y ahí está la clave del debate: si el bullying deja secuelas profundas en las víctimas, también empieza a discutirse qué pasa con los padres que, pudiendo intervenir, no lo hacen.