Golpe a la pedofilia digital: tres detenidos y material secuestrado

En un despliegue coordinado entre el Ministerio Público Fiscal y fuerzas especializadas, se realizaron allanamientos simultáneos en las ciudades de Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán en el marco de investigaciones por delitos vinculados a la explotación sexual infantil en plataformas digitales. El procedimiento dejó como saldo tres hombres detenidos y el secuestro de equipos informáticos considerados de interés probatorio.

Las actuaciones se inscriben en averiguaciones preliminares impulsadas por la fiscal especializada en ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, a partir de reportes que alertaban sobre la presunta circulación, almacenamiento y posible producción de material de abuso sexual infantil (MASI) a través de Internet.

Según fuentes judiciales, las medidas fueron autorizadas por los Juzgados de Garantías con jurisdicción en el norte provincial y ejecutadas por personal de la Dirección de Ciberseguridad junto a la División Trata de Personas de la Policía de Salta. Durante los procedimientos se procedió al secuestro de dispositivos electrónicos, soportes digitales y otros elementos que serán sometidos a pericias forenses para determinar su contenido y eventual vinculación con los hechos investigados.

En dos de los casos, radicados en Tartagal, los sospechosos habrían operado desde una misma localidad. La pesquisa apunta a la posible carga y almacenamiento en servidores externos de archivos con contenido de abuso sexual infantil, incluyendo material que, según la hipótesis fiscal, podría haber sido producido en el ámbito local. En tanto, en Orán, la investigación se centra en un individuo acusado de facilitar la distribución de este tipo de material a terceros mediante plataformas digitales.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia y serán imputados en las próximas horas. Las calificaciones penales en análisis incluyen delitos tipificados en el Código Penal vinculados a la tenencia, distribución y eventual producción de material de explotación sexual infantil, con agravantes en función de la edad de las víctimas y la modalidad de comisión.

Desde el ámbito judicial se indicó que las tareas investigativas continúan, con especial énfasis en el análisis de evidencia digital y la eventual identificación de otras personas involucradas en la cadena de circulación del material. El caso se enmarca en un esquema de cooperación interinstitucional que incluye reportes de plataformas tecnológicas y el seguimiento de trazas digitales para la detección de delitos complejos en entornos virtuales.