Cafayate: investigan una “boda” con autorización ambiental trucha en reserva

Una mujer de 36 años fue imputada en el marco de una investigación penal iniciada tras detectarse la realización de un evento en un área protegida con una autorización ambiental que presentaba irregularidades y que luego fue desconocida por el organismo provincial competente.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, dispuso la imputación provisional por los delitos de falsificación de instrumento público en concurso ideal con uso de documento falso, conforme a los artículos 292 y 296 del Código Penal. La calificación contempla tanto la confección como la utilización de documentación apócrifa con apariencia de legitimidad.

Según consta en el legajo, la causa se originó el pasado 23 de marzo, cuando un agente de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Salta, durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional 68 —a la altura del kilómetro 17, en la zona de la Quebrada de Las Conchas—, advirtió la instalación de una estructura destinada a un evento, con escenario, iluminación y sonido.

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Al requerirse la documentación habilitante, se exhibió una copia impresa de una supuesta autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que habría sido remitida en formato digital por la ahora imputada. Ante las inconsistencias detectadas, se realizaron consultas con el organismo, desde donde se informó que no se había emitido autorización alguna para esa actividad.

Las verificaciones posteriores permitieron identificar irregularidades en el documento, entre ellas el uso de un membrete institucional en desuso y la inclusión de una firma que no corresponde a funcionario competente. En ese contexto, el secretario de Ambiente, Alejandro José Aldazábal, radicó denuncia formal y desconoció la autenticidad del instrumento, al que calificó como apócrifo.

Con estos elementos, la Fiscalía consideró que, en esta etapa inicial, existen indicios suficientes para sostener que la imputada habría confeccionado y/o utilizado el documento con el objetivo de simular una autorización oficial para la realización del evento en una reserva natural, donde este tipo de actividades requiere habilitación administrativa previa.

La imputada manifestó su intención de declarar por escrito, para lo cual cuenta con un plazo de 48 horas, conforme a la normativa procesal vigente.

En paralelo, interviene la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), que avanza en una investigación complementaria vinculada a posibles infracciones en materia ambiental y administrativa. En ese ámbito ya prestaron declaración funcionarios del área, quienes incorporaron documentación oficial y precisiones técnicas al expediente.

Para los próximos días están previstas nuevas testimoniales, entre ellas las de efectivos policiales que participaron del procedimiento, mientras continúan las medidas de prueba orientadas a reconstruir el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.