Baja la imputabilidad: alertan a padres y tutores en Metán

La próxima entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil comenzó a generar acciones preventivas en Metán. En el colegio Juan Carlos Dávalos se realizó una charla informativa destinada a padres, tutores y familias, donde se explicaron los alcances de la ley que desde el 1 de septiembre establecerá la imputabilidad penal a partir de los 14 años.

La actividad estuvo encabezada por la jueza de Garantías María Cecilia Corral Martín, acompañada por autoridades judiciales, en una convocatoria impulsada por la directora del establecimiento, profesora Iris López. Según se informó, el objetivo es replicar estos encuentros en otras instituciones educativas del departamento.

Durante la exposición, la magistrada señaló que la intención principal es que las familias conozcan con anticipación el nuevo escenario legal. “Queremos informarles a los padres que existe una nueva ley y que todos aquellos menores desde los catorce años van a poder ser responsables de hechos delictivos que ocurran a partir del primero de septiembre”, expresó.

Corral Martín explicó que la norma establece distintos niveles según la gravedad del delito. Por un lado, hechos con penas de hasta tres años; luego, Delitos con penas que oscilan entre tres y diez años, y, por último, los delitos más graves, cuya sanción excede los diez años.

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Aclaró que no todos los casos tendrán la misma respuesta judicial. Los hechos leves podrán tener medidas alternativas, mecanismos reparatorios o intervenciones preventivas, mientras que los delitos de mayor gravedad tendrán consecuencias más severas dentro del sistema penal juvenil.

Uno de los aspectos que más interés despertó entre los presentes fue el referido a la responsabilidad de padres y tutores. La jueza indicó que en determinados casos, especialmente cuando exista un daño económico reparable, los adultos responsables también podrán quedar alcanzados.

“Cuando el menor no tiene recursos para afrontar el perjuicio causado, la ley prevé que los padres o tutores respondan de manera accesoria”, sostuvo.

Ese criterio podría aplicarse en situaciones de vandalismo, roturas de bienes públicos o privados, daños materiales, hurtos menores o lesiones leves que generen gastos o indemnizaciones.

La magistrada también remarcó que el nuevo régimen incorpora herramientas que apuntan a evitar que el conflicto avance. Entre ellas mencionó las amonestaciones judiciales, audiencias en las que el juez podrá citar al menor junto a sus padres —o por separado— con asistencia de un defensor oficial.

En esas instancias se les explicará el alcance de la ley, las consecuencias de reincidir y la necesidad de corregir conductas antes de que deriven en situaciones más graves.

“Se lo va a poner en conocimiento de la ley penal, de los riesgos y de las consecuencias que puede tener continuar con esa conducta”, explicó.

Más allá de la cuestión normativa, Corral Martín vinculó la problemática juvenil con una realidad social compleja. Mencionó casos atravesados por violencia familiar, consumo problemático, abandono escolar y fuertes carencias económicas.

Incluso relató experiencias personales dentro del sistema judicial con adolescentes de 16 años que no sabían firmar o que no estaban alfabetizados.

“Es tristísimo encontrarse con chicos que no saben poner su nombre o no conocen cuestiones básicas”, afirmó.

Consultada sobre la infraestructura disponible en la ciudad, se refirió al Centro de Menores en Conflicto con la Ley Penal que funciona en Metán. Indicó que tiene capacidad para nueve internos y actualmente alberga a cuatro jóvenes.

Explicó que el lugar cumple una función de contención inmediata, con asistencia psicológica básica y acompañamiento educativo parcial, aunque reconoció limitaciones para tratamientos prolongados o procesos de reinserción más profundos. “Sirve como contención, pero es paliativo”, resumió.

Desde el Poder Judicial adelantaron que las charlas continuarán en otros establecimientos educativos. La intención es llegar a septiembre con familias informadas, estudiantes advertidos y una comunidad que conozca de antemano cómo funcionará el nuevo régimen penal juvenil.