La “motosierra” en cifras: un recorte de US$5.600 millones y más de 3 millones sin subsidios

El Gobierno de Javier Milei avanzó con un fuerte recorte en los subsidios a la energía que ya supera los US$5.600 millones en poco más de dos años de gestión, en el marco de su política de reducción del gasto público.

El ajuste se refleja directamente en los hogares: actualmente hay 2,1 millones menos de usuarios con subsidios en electricidad y casi 900.000 menos en el gas, en comparación con el inicio del mandato. Esto implica que cada vez más argentinos deben afrontar el costo pleno de los servicios.

De hecho, según datos oficiales, cerca de la mitad de los usuarios ya paga la tarifa completa, marcando un cambio profundo en el sistema energético.

El recorte no solo se explicó por los aumentos tarifarios, sino también por una depuración del padrón de beneficiarios. En ese proceso se detectaron más de 370.000 subsidios a personas fallecidas, unos 15.000 hogares en countries que recibían asistencia y más de 1,5 millones de usuarios que podían acceder al beneficio pero nunca lo habían solicitado.

Este reordenamiento implicó un cambio en la forma en que se financia la energía: mientras que al inicio de la gestión los usuarios cubrían cerca del 30% del costo, hoy ese porcentaje asciende a aproximadamente el 70%, trasladando una mayor carga a las facturas.

En términos macroeconómicos, el gasto en subsidios también cayó de manera significativa. Pasó de representar alrededor del 1,4% del PBI a cerca del 0,6%, con la meta oficial de reducirlo al 0,5% en 2026.

El nuevo esquema dejó atrás el modelo de subsidios amplios para avanzar hacia uno más focalizado, donde solo determinados hogares reciben asistencia estatal.

Sin embargo, el impacto en la economía doméstica es evidente. Las tarifas de luz y gas aumentaron por encima de la inflación en los últimos meses, lo que incrementó el peso de los servicios públicos dentro del gasto familiar.

Así, más que un ajuste puntual, el proceso marca un cambio estructural en el sistema energético argentino, donde el Estado reduce su participación y los usuarios asumen un mayor costo en sus boletas.