



La situación económica empieza a reflejarse en los tribunales. En lo que va de 2026, la Justicia de Salta registra cerca de 140 pedidos de quiebra personal, en una tendencia que ya venía en aumento desde el año pasado.
Una parte importante de esas presentaciones se concentra en un mismo juzgado, donde desde enero se tramitan decenas de casos. El movimiento no pasa inadvertido y marca el ritmo de una problemática que se amplía.


Las deudas más habituales están vinculadas a préstamos personales, consumos con tarjeta de crédito y distintos esquemas de financiación que, en el escenario actual, se vuelven difíciles de sostener. Para iniciar el trámite no se requiere un monto determinado, alcanza con acreditar la imposibilidad de cumplir con las obligaciones asumidas.
El perfil de quienes recurren a esta instancia también cambió. Si al comienzo predominaban integrantes de fuerzas de seguridad, hoy aparecen empleados públicos, trabajadores del sector privado y familias que arrastran compromisos con entidades financieras.
En los juzgados advierten que la mayoría de los expedientes en trámite corresponde a este tipo de procesos, en un contexto atravesado por el sobreendeudamiento, la facilidad de acceso al crédito y las dificultades para afrontarlo.
Al mismo tiempo, se abre el debate sobre la vigencia de la Ley de Concursos y Quiebras, que rige desde hace más de 30 años, actualización que vuelve a plantearse ante un escenario que cambió.



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