Murieron tras una cesárea en Tartagal: interviene una fiscalía especializada

La investigación por las muertes de Valentina Cabana y de su hija, Isabelle Evangeline Cabana, sumó una nueva intervención dentro del Ministerio Público Fiscal de Salta. El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, dispuso que la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N° 1 del Distrito Judicial Centro tome intervención en el expediente.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N° 1739/26, dictada en el marco de las atribuciones previstas por el artículo 85 del Código Procesal Penal de la Provincia. La medida fue adoptada luego de que el procurador recibiera a Gabriela Mariana Aranda, madre de Valentina y abuela de Isabelle, quien reclama desde hace meses el avance de la causa.

El encuentro se realizó el viernes 19 de junio en la sede de la Procuración General. Aranda asistió junto a sus abogados y planteó distintas inquietudes vinculadas con la investigación por los fallecimientos ocurridos tras una cesárea practicada en una clínica de Tartagal.

Días antes, el martes 16 de junio, la mujer también había sido recibida por el coordinador general de fiscales del Ministerio Público Fiscal, Pablo Rivero, en una reunión de la que participaron sus asesores letrados.

Tras analizar las actuaciones remitidas, García Castiella resolvió que intervenga la UGAP 1 del Distrito Judicial Centro, a cargo del fiscal penal Santiago López Soto. Esa unidad tendrá competencia para atender las peticiones que se formulen en el marco de la intervención dispuesta, sin perjuicio de las decisiones que correspondan al juez de Garantías que entiende en la causa.

La resolución señala que el objetivo es fortalecer la representación del Ministerio Público Fiscal mediante la actuación de una fiscalía especializada. En términos procesales, no implica por sí sola una conclusión sobre responsabilidades, sino una reorganización interna para el abordaje del caso.

Valentina y su bebé fallecieron hace ocho meses, luego de una cesárea realizada en Tartagal. La familia sostiene que la autopsia detectó contaminación en el quirófano donde se practicó la intervención, punto que deberá ser evaluado dentro del expediente junto con el resto de las pruebas.

El reclamo de Gabriela Aranda tomó notoriedad pública cuando decidió caminar desde General Mosconi hasta la ciudad de Salta para pedir respuestas. “Solo quiero justicia por mi hija y mi nieta”, expresó durante ese recorrido.

Con la nueva intervención, la investigación ingresa en una etapa de mayor revisión técnica dentro del Ministerio Público Fiscal. La causa deberá determinar qué ocurrió durante la atención médica, si existieron responsabilidades penales y bajo qué circunstancias se produjeron las muertes de Valentina Cabana e Isabelle Evangeline Cabana.