ARA San Juan: la Fiscalía pidió penas de hasta cinco años para exjefes de la Armada

El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan entró en una instancia decisiva. En el inicio de los alegatos de cierre, el Ministerio Público Fiscal pidió condenas para los cuatro exoficiales de la Armada acusados por la muerte de los 44 tripulantes, ocurrida el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur.

Ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con asiento en Río Gallegos, la acusación sostuvo que la nave zarpó en condiciones deficientes de mantenimiento y alistamiento, y que la cadena de mando conocía las limitaciones técnicas que presentaba el submarino antes de su última misión.

La pena más alta fue solicitada para Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, y para Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos. Para ambos, la Fiscalía requirió cinco años de prisión.

También pidió cuatro años de prisión para Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, y tres años y seis meses para Hugo Miguel Correa, quien cumplía funciones vinculadas a operaciones dentro de esa fuerza.

Los cuatro imputados están acusados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado. Para la Fiscalía, no se trató de una falla aislada, sino de una suma de decisiones, omisiones y controles insuficientes que permitieron que el ARA San Juan continuara navegando pese a los antecedentes técnicos acumulados.

Durante la exposición, los fiscales repasaron documentación incorporada al expediente, declaraciones de testigos y registros vinculados al estado del submarino. Uno de los puntos señalados fue la demora en tareas de mantenimiento en dique seco, además de inspecciones postergadas y novedades técnicas que, según la acusación, debieron ser atendidas antes de autorizar nuevas operaciones.

La Fiscalía también reconstruyó lo ocurrido durante la navegación final. De acuerdo con esa hipótesis, el ingreso de agua al sector de baterías habría provocado un cortocircuito y un principio de incendio, episodio que agravó la situación interna de la nave y terminó con la pérdida de control del submarino.

El planteo fiscal apunta ahora a que el tribunal determine el grado de responsabilidad penal de cada imputado. Las defensas, por su parte, deberán responder a una acusación que ubica el eje del caso en la conducción naval, el mantenimiento de la unidad y las decisiones tomadas antes de la última zarpada.

A casi nueve años del hundimiento, el juicio avanza hacia su tramo final. Para los familiares de los 44 tripulantes, la discusión judicial ya no pasa sólo por saber qué ocurrió bajo el mar, sino por establecer quiénes debían evitar que el ARA San Juan saliera a navegar en esas condiciones.