La aprobación de un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados de Salta abrió un debate entre el ámbito legislativo y el sector profesional de la psicología. La iniciativa propone que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, evalúe la posibilidad de incorporar especialistas en Psicología Social a los equipos interdisciplinarios que trabajan en establecimientos educativos de la provincia.

La propuesta fue presentada por el diputado Gustavo Orozco y busca fortalecer el abordaje de situaciones que se registran con frecuencia en las instituciones escolares, entre ellas casos de acoso escolar, ciberacoso, grooming, dificultades en la convivencia, cuadros de ansiedad y otros problemas vinculados al bienestar emocional de niños y adolescentes.

Sin embargo, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Salta expresó su desacuerdo con la medida y sostuvo que el proyecto desconoce las incumbencias profesionales establecidas por la legislación vigente.

A través de un documento institucional, la entidad manifestó preocupación por el alcance de la propuesta y remarcó que las intervenciones relacionadas con la salud mental deben estar a cargo de profesionales universitarios con formación específica, matrícula habilitante y competencias reconocidas por el marco normativo nacional.

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El Colegio señaló que tareas como la evaluación, orientación, diagnóstico y tratamiento del padecimiento psíquico corresponden exclusivamente a licenciados en Psicología debidamente matriculados. En ese contexto, cuestionó la utilización de la denominación "psicólogo" por parte de personas que poseen trayectos formativos de nivel terciario o técnico.

La institución también indicó que la psicología social constituye un campo teórico dentro de la disciplina psicológica, aunque aclaró que ello no implica habilitación para desarrollar prácticas clínicas, coordinar tratamientos terapéuticos o desempeñar funciones reservadas a profesionales con título universitario de grado.

En el mismo pronunciamiento, el Colegio consideró que avanzar con iniciativas de este tipo sin la participación de las entidades representativas del sector puede generar confusión en la comunidad y afectar la calidad de las prestaciones vinculadas a la salud mental.

Por otra parte, los impulsores del proyecto sostienen que el sistema educativo enfrenta desafíos cada vez más complejos y que resulta necesario ampliar las herramientas de acompañamiento para atender problemáticas sociales que repercuten en la vida cotidiana de estudiantes y docentes.

Finalmente, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Salta reclamó ser convocado a futuras instancias de discusión sobre políticas públicas vinculadas al ámbito educativo y sanitario, y anticipó que continuará realizando acciones institucionales para defender las incumbencias profesionales establecidas por la normativa vigente.