



El Hospital San Bernardo comenzará a ejecutar las deudas que distintas obras sociales mantienen por prestaciones realizadas a sus afiliados. El monto vencido supera los 10.000 millones de pesos y compromete, según las autoridades, recursos destinados principalmente a la atención de pacientes sin cobertura médica.
La decisión fue confirmada por el gerente del establecimiento, Pablo Salomón, luego de una reunión con los equipos administrativos y legales. El directivo precisó que la suma reclamada corresponde a servicios facturados hace más de 60 días, plazo a partir del cual las obligaciones son consideradas vencidas.


De acuerdo con la estimación brindada por la gerencia, la deuda equivale a poco más de 6,5 millones de dólares. A esa cifra se agregan prestaciones efectuadas durante los últimos dos meses, cuyos plazos de pago todavía no vencieron y, por lo tanto, no fueron incorporadas al monto informado.
Ante la falta de respuestas, el hospital avanzará con el envío de cartas documento y con las correspondientes acciones para recuperar los fondos. Salomón señaló que el cobro de esas prestaciones no será negociado y sostuvo que cada obra social debe asumir el financiamiento de la atención recibida por sus afiliados.
La medida también podría alcanzar a las prácticas programadas. El hospital analiza suspender ese tipo de prestaciones para los afiliados de las entidades que mantengan deudas, aunque continuará recibiendo las urgencias por tratarse de un centro de referencia provincial.
En esos casos, los pacientes serán asistidos y estabilizados. Luego, las obras sociales deberán gestionar su traslado a otro establecimiento para continuar el tratamiento, según explicó el gerente.
Salomón reconoció que la decisión puede resultar severa, pero argumentó que el hospital trabaja con recursos limitados y debe priorizar a las personas que no cuentan con cobertura médica.
“No podemos financiar a las obras sociales con los fondos que deben destinarse a los pacientes carenciados”, sostuvo. Además, remarcó que las entidades tienen la responsabilidad de afrontar los gastos médicos de sus propios afiliados.
El conflicto vuelve a poner en primer plano las dificultades financieras que atraviesan los hospitales públicos cuando reciben pacientes con cobertura, brindan las prestaciones correspondientes y luego enfrentan demoras prolongadas para recuperar el dinero facturado. En el caso del San Bernardo, la conducción resolvió recurrir a la vía legal para evitar que la deuda continúe creciendo y afecte el funcionamiento cotidiano del establecimiento.


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