La concejal Melisa Castillo reclamó que la administración de Fernando “Pini” Alabí informe cuántas personas cobran del municipio, bajo qué modalidad trabajan y cuánto dinero público se destina al pago de salarios.

El proyecto de resolución fue presentado el 13 de agosto ante el Concejo Deliberante de Las Lajitas. El texto exige la nómina de contratados, trabajadores de planilla, prestadores de servicios, jornalizados, integrantes de la planta política y empleados permanentes. También incluye los cargos jerárquicos del Ejecutivo.

El segundo artículo avanza sobre las cuentas municipales. Allí se solicita el monto recibido por coparticipación nacional, provincial y otros aportes, con el detalle de la suma utilizada mensualmente para pagar sueldos y jornales.

La respuesta debería ser entregada en un plazo máximo de 14 días.

Castillo reunió ambos puntos por una razón: sin conocer los ingresos y el gasto salarial no se puede determinar si la gestión cumple con el límite establecido por la Ley Provincial 8.126. El artículo 35 dispone que los municipios no pueden utilizar más del 65 % de sus recursos corrientes netos en personal.

El proyecto, sin embargo, no avanzó completo. Según informó la concejal, la nómina de empleados fue enviada a comisión, pero se le exigió retirar el artículo referido a la coparticipación. El argumento fue que “el Municipio informa permanentemente sobre el dinero que recauda”.

Ahora, si esos números se publican con regularidad, ¿por qué no incorporarlos a un informe formal solicitado por una concejal?

Castillo sostuvo que la información debe entregarse completa, ordenada y respaldada por documentación. “No estoy pidiendo información para beneficio personal. Estoy pidiendo información pública para poder ejercer correctamente mi función de control”, afirmó.

La ley provincial faculta al Concejo Deliberante a requerir informes y obliga al intendente a contestarlos dentro del plazo fijado por el cuerpo. También establece que el Ejecutivo debe publicar cada tres meses el estado de Tesorería, la ejecución presupuestaria, el endeudamiento y los movimientos de personal.

En los fundamentos del proyecto se menciona otro antecedente que suma presión sobre Alabí. El intendente habló en distintas oportunidades de reducir la cantidad de empleados municipales y durante su administración se produjeron cesantías. Castillo quiere saber cómo quedó conformada la planta después de esas decisiones y cuánto cuesta sostenerla.

La traba apareció dentro del Concejo, pero los datos reclamados están en manos del Ejecutivo. Por ahora, solamente avanzará el punto referido al personal. El capítulo que permitiría conocer cuánto dinero ingresa y qué porcentaje termina en salarios quedó frenado.

Sin esa información, no podrá comprobarse si las cuentas de la gestión respetan el límite fijado por la ley. Y para una administración que asegura informar permanentemente sobre sus recursos, entregar los números no debería representar ningún problema.

“La transparencia se demuestra con hechos”, advirtió Castillo. La respuesta ahora le corresponde al municipio de Alabí.