PAMI: 2,2 millones de afiliados quedaron sin cobertura total de remedios

Las dificultades para conseguir medicamentos con cobertura total volvieron a quedar expuestas en el Congreso. Durante una reunión de la Comisión de Personas Mayores de la Cámara de Diputados, defensores públicos, representantes de clínicas y agrupaciones de jubilados describieron demoras, trámites y reclamos judiciales que, en algunos casos, alcanzan a pacientes con enfermedades graves.

Uno de los casos presentados fue el de un jubilado con cáncer de pulmón que necesitó la intervención de dos defensorías del Pueblo, un defensor federal y un juez para acceder al tratamiento indicado. El testimonio estuvo a cargo de Sebastián Baltanaz, defensor del Pueblo de Villa La Angostura, quien participó del encuentro por videollamada.

Baltanaz advirtió que muchos afiliados no llegan a presentar una denuncia o pedir ayuda. En tratamientos oncológicos, señaló, cada demora puede comprometer la continuidad de la atención.

La cobertura que quedó bajo cuestionamiento

La controversia está relacionada con los cambios aplicados sobre el programa Vivir Mejor, que permitía acceder de manera automática y sin cargo a determinados medicamentos.

Una medida cautelar dictada en mayo de 2025 ordenó restablecer ese sistema para afiliados de Córdoba. Meses después, el alcance fue ampliado al resto del país. Los abogados que intervienen en la causa sostienen que esa resolución todavía no fue cumplida en los términos establecidos por la Justicia.

De acuerdo con información oficial entregada al Congreso y publicada por Perfil, alrededor de 2,2 millones de afiliados dejaron de reunir las condiciones para obtener el subsidio social destinado a la cobertura total. Dentro de ese grupo, 1,6 millones utilizaban habitualmente esos medicamentos.

El PAMI informa actualmente que su programa farmacéutico ofrece descuentos que van del 40% al 100%. También contempla coberturas especiales y mecanismos de excepción, aunque su otorgamiento depende del medicamento, el diagnóstico y la situación del afiliado.

Los representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos cuestionaron el funcionamiento del nuevo esquema y denunciaron un presunto incumplimiento de las decisiones judiciales. La presentación también derivó en una causa penal contra autoridades del organismo. Las responsabilidades mencionadas deberán ser determinadas por la Justicia.

Clínicas advierten por demoras y prestaciones suspendidas

Los reclamos no se limitaron a los remedios. Andrés Sabalette, representante de clínicas y sanatorios que atienden afiliados del PAMI en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut, afirmó que los aranceles pagados por la obra social quedaron retrasados frente al aumento de los costos.

Según expuso, esa diferencia llevó a algunos establecimientos a limitar servicios, internaciones y cirugías. También aseguró que parte de la demanda fue trasladada a hospitales públicos y estimó que la situación podría alcanzar a unos 300.000 jubilados de esas provincias.

Para varias clínicas, los pacientes del PAMI representan cerca del 40% de su actividad. Los prestadores sostienen que, si no se actualizan los valores, también podría quedar comprometido el funcionamiento de algunos establecimientos.

Medicamentos que pesan cada vez más en el ingreso

Durante la reunión se presentaron además relevamientos sobre el aumento del precio de los remedios. Federico de Marziani, director del Centro de Estudios Políticos para las Personas Mayores, aseguró que algunos productos utilizados para afecciones circulatorias registraron incrementos de hasta el 900% desde el inicio de la actual gestión. Para ciertos antibióticos, la suba calculada fue del 636%.

La Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires estimó en marzo que una persona jubilada podía necesitar alrededor de $500.000 mensuales para afrontar gastos en medicamentos. La cifra quedó prácticamente al mismo nivel que el haber mínimo de agosto con el bono incluido.

El encuentro cerró con testimonios de jubilados que relataron colectas entre compañeros para pagar tratamientos y una realidad que se repite en distintas provincias: recurrir a defensorías o presentar amparos para conseguir una prestación médica.

Mientras las causas continúan en trámite, el PAMI mantiene descuentos de entre el 40% y el 100%, además de coberturas especiales. Las organizaciones de personas mayores reclaman que el acceso total vuelva a ser automático y no dependa de gestiones adicionales o de una presentación judicial.