La Sala II del Tribunal de Impugnación confirmó las condenas por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita contra integrantes de una organización que operaba dentro de la Unidad Carcelaria 1. Al revisar los recursos de las defensas, el tribunal modificó parcialmente cinco condenas por determinados hechos de exacciones ilegales y concusión, lo que derivó en un ajuste de las penas.

La sentencia original había sido dictada por la Sala 7 del Tribunal de Juicio contra 17 personas, entre ellas ocho funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y personas vinculadas con detenidos del establecimiento. Las penas impuestas en aquel fallo iban de uno a diez años y seis meses de prisión.

En la revisión, el tribunal rechazó los recursos y confirmó íntegramente las condenas de doce acusados. En los cinco casos restantes, aceptó parte de los planteos referidos a exacciones ilegales y concusión, aunque mantuvo otras condenas.

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Para Sergio Moya, Francisco Bisceglia, Marcos Bucotich García y Raúl Arjona, quedaron confirmadas las condenas por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita. En el caso de Rubén Guaymás, se ratificaron las correspondientes a incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Luego de la audiencia personal ante el tribunal, Moya quedó condenado a nueve años y seis meses de prisión efectiva y Bisceglia, a diez años y dos meses. La pena de Arjona se fijó en seis años y ocho meses; la de Bucotich García, en cinco años y ocho meses; y la de Guaymás, en cuatro años y ocho meses de prisión efectiva.

La fiscal de Impugnación 2, Mónica Poma, representó al Ministerio Público Fiscal durante la revisión de la sentencia. La investigación y la acusación en el juicio estuvieron a cargo de una unidad fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.

Según la acusación sostenida durante el debate, la organización tenía jerarquías y funciones definidas para mantener la venta de drogas dentro del penal. La Fiscalía señaló que la participación de funcionarios penitenciarios, responsables de la custodia de los detenidos, permitió el desarrollo de las maniobras. También atribuyó a algunos integrantes hechos de exacciones ilegales.

El juicio comenzó el 4 de agosto de 2025 y terminó el 15 de octubre, después de diez semanas de audiencias. Durante ese período se examinó la prueba sobre el funcionamiento de la organización y la intervención de cada acusado.

En su alegato final, García Castiella sostuvo que los funcionarios involucrados se habían apartado de sus obligaciones de custodia y que sus conductas habían afectado los derechos de las personas privadas de libertad.