Un hombre de 63 años quedó con prisión preventiva por 72 días, acusado de transportar más de 65 kilos de cocaína en una camioneta interceptada sobre la ruta nacional 34, en jurisdicción de Rosario de la Frontera. La droga estaba distribuida en 62 paquetes dentro de una caja metálica adherida al tanque de combustible.

La medida fue dispuesta por el juez federal de Garantías N.º 1 de Salta, Julio Bavio, durante la audiencia de formalización de la investigación. El caso está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Salta, encabezada por el fiscal federal Ricardo Toranzos.

Según la investigación, el conductor había partido desde Jujuy y se dirigía a la provincia de Buenos Aires. Durante la audiencia manifestó que trabaja como herrero y que reside en el partido bonaerense de José C. Paz. Se abstuvo de declarar sobre el hecho.

El hallazgo durante el control

El procedimiento comenzó de madrugada, cuando efectivos del puesto El Naranjo de Gendarmería Nacional detuvieron la marcha del vehículo para realizar un control. De acuerdo con lo expuesto por la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, el conductor se mostró nervioso y dio respuestas contradictorias sobre el lugar desde el que había iniciado el viaje.

Al inspeccionar el exterior de la camioneta, los gendarmes observaron una caja metálica junto al tanque de combustible que no correspondía a las características originales del vehículo. El hallazgo motivó la intervención de la fiscalía y una requisa más exhaustiva, con autorización judicial.

Un perro detector de narcóticos marcó el sector donde estaba la estructura y, posteriormente, un escáner portátil permitió advertir la presencia de paquetes en su interior. Al abrirla, los efectivos encontraron los 62 envoltorios con cocaína, cuyo peso total superó los 65 kilos. Los panes tenían un sello de un delfín marcado en bajorrelieve.

El conductor fue detenido y su teléfono celular quedó secuestrado como parte de la investigación.

La hipótesis de la fiscalía

Aráoz Vallejo presentó la imputación por transporte de estupefacientes y describió la evidencia reunida. Sostuvo que las características del ocultamiento y la logística del traslado permiten investigar si la maniobra estuvo vinculada con una estructura de mayor complejidad y si se trató de un episodio aislado.

Para solicitar la prisión preventiva, la fiscalía invocó riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre sus argumentos mencionó la gravedad del hecho, los medios utilizados para acondicionar y trasladar la carga, la afectación a la salud pública y la escala penal prevista para el delito atribuido.

La defensa no cuestionó la imputación, pero pidió que la medida cautelar se cumpliera mediante arresto domiciliario por razones de salud.

El pedido de arresto domiciliario

Según planteó la defensa, el acusado habría sufrido dos infartos y necesitaría medicación diaria. Sin embargo, reconoció durante la audiencia que no contaba con certificados médicos para acreditar esos antecedentes.

La fiscalía se opuso al pedido y citó el examen realizado después de la detención. Ese informe describió al hombre como lúcido, con presión arterial normal y en buen estado general. También dejó constancia de que había manifestado necesitar medicación, aunque no la llevaba consigo al momento del procedimiento.

Aráoz Vallejo señaló, además, que el informe ambiental del domicilio declarado había generado dudas sobre su residencia efectiva en ese lugar. Cuestionó también que hubiera realizado un viaje de más de 1.500 kilómetros sin los medicamentos que, según la defensa, requería todos los días.

Bavio declaró la legalidad de la detención y dio por formalizada la investigación. Además de disponer la prisión preventiva por 72 días, autorizó las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía, entre ellas distintos peritajes y el levantamiento del secreto bancario y bursátil.