



El Ministerio de Salud Pública de Salta formalizó una presentación ante la Fiscalía de Estado para evaluar acciones legales frente a la continuidad de la suspensión de cirugías programadas en hospitales públicos. La decisión representa un nuevo capítulo del conflicto con la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR), que mantiene sus reclamos por pagos y actualización de honorarios.
La presentación fue conocida el sábado 31 de octubre. Desde el Gobierno provincial sostienen que se cumplieron los compromisos económicos establecidos y que la interrupción de las operaciones programadas afecta el acceso de los pacientes a las prestaciones quirúrgicas.
Todavía no se precisó qué acción judicial se iniciará. La intervención de la Fiscalía de Estado no significa que ya exista un amparo presentado ante un tribunal.


La diferencia entre ambas partes se concentra en los plazos de liquidación y el valor de las prestaciones. El Ministerio asegura que el convenio contempla un plazo de 30 días para pagar guardias y de 60 días para abonar prácticas anestesiológicas, contados desde la presentación de las respectivas facturaciones.
Según la cartera sanitaria, fueron canceladas las guardias correspondientes hasta agosto y las prestaciones de mayo, junio y julio. También señaló que los pagos de las prácticas de agosto vencen durante noviembre.

La asociación profesional plantea una situación distinta. Su gerenta, Luciana Andolfi, explicó que las transferencias realizadas a los hospitales no necesariamente coinciden con el dinero recibido por los anestesiólogos.
En declaraciones a Radio Salta, señaló que, al momento de la entrevista, los profesionales todavía aguardaban fondos correspondientes a junio y julio. También reclamó una actualización de los honorarios, que, según la asociación, permanecen sin modificaciones desde julio de 2025.
Mientras no se resuelva el conflicto, las cirugías programadas continúan suspendidas en los establecimientos alcanzados por la medida. De acuerdo con lo informado por ASAAR, se mantienen las prestaciones destinadas a pacientes oncológicos, niños, embarazadas y situaciones de urgencia y emergencia.
El Ministerio afirmó que conserva su disposición a negociar, aunque exige la reanudación de las intervenciones programadas.
La presentación ante la Fiscalía de Estado abre una nueva vía de actuación. Por ahora, no hay una fecha informada para la normalización de las cirugías suspendidas.



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