Pedro Alliana pidió la renuncia de sus ministros tras asumir la presidencia de Paraguay

La medida fue comunicada por el jefe del Gabinete Civil y alcanza a los funcionarios designados directamente por el Poder Ejecutivo.

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, pidió este lunes la renuncia de todos los ministros y de las principales autoridades de los organismos públicos que dependen del Poder Ejecutivo, en una decisión orientada a reorganizar su administración tras asumir el cargo el pasado viernes, en medio de la crisis política que terminó con la destitución de Santiago Peña. La instrucción comprende a los funcionarios designados por confianza presidencial y busca modificar la coordinación interna del Gobierno sin interrumpir el funcionamiento de las instituciones.

El encargado de transmitir formalmente la solicitud fue Rolando de Barros Barreto, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia. A través de una comunicación dirigida a los integrantes del Ejecutivo y a los responsables de distintas entidades estatales, les pidió que dejaran sus cargos a disposición del nuevo mandatario para facilitar la reorganización de la estructura gubernamental.

Alliana explicó los motivos de la decisión en un mensaje publicado en su cuenta de X.

He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición, escribió.

El presidente justificó la medida en la necesidad de mejorar el funcionamiento de su administración.

Mi objetivo es fortalecer la coordinación del Gobierno y garantizar una gestión más eficiente, enfocada en las prioridades de los paraguayos, agregó.

La disposición no supone la salida automática de todos los funcionarios ni la paralización de sus responsabilidades. El documento presidencial establece que las autoridades deberán continuar desempeñando sus tareas mientras se desarrolla el proceso y adoptar las medidas necesarias para garantizar la prestación habitual de los servicios públicos.