José Alberto Coria
La Corte de Justicia de Salta confirmó la constitucionalidad de la Ley 8535 de Participación Democrática y dejó firme el nuevo régimen electoral aprobado por la Legislatura provincial. La decisión se conoció este miércoles 11 de noviembre, luego de analizar las presentaciones judiciales que cuestionaban distintos aspectos de la reforma.
El fallo rechazó las acciones promovidas por Carlos Raúl Zapata, Lourdes Ríos Ayllón, Claudio Del Plá y Alejandro Patrón Costas, quienes habían solicitado que se declarara la inconstitucionalidad de la normativa.
Entre los principales argumentos, la Corte sostuvo que las provincias tienen facultades propias para establecer sus sistemas electorales, dentro del marco de sus respectivas constituciones. En ese sentido, consideró que la Legislatura salteña actuó dentro de sus atribuciones al definir las nuevas condiciones de participación política.
Los puntos centrales que quedaron ratificados
Uno de los artículos cuestionados establece que los partidos o alianzas que pretendan presentar candidatos a gobernador y vicegobernador deberán contar con candidaturas en al menos 15 de los 23 departamentos de Salta.
La Corte consideró razonable esta exigencia al entender que quien aspire a conducir el Ejecutivo provincial debe contar con una estructura de representación territorial acorde con las responsabilidades que implica gobernar toda la provincia.
Otro de los puntos ratificados es el requisito de que los frentes electorales estén conformados por un mínimo de dos partidos políticos. Para el tribunal, esta condición no vulnera el principio de igualdad y responde al objetivo de garantizar una mayor representatividad de las fuerzas que participan en una alianza.
La sentencia también se refirió al sistema de asignación de cargos previsto en la ley. Los jueces entendieron que mantiene el principio de elección directa, ya que la designación de los representantes surge del voto de la ciudadanía y no de la intervención posterior de otro órgano.
Qué significa para el escenario político
Con este pronunciamiento, la reforma electoral supera uno de los principales cuestionamientos judiciales y mantiene su vigencia para los próximos procesos electorales.
La Ley 8535 introdujo modificaciones en la presentación de listas, la conformación de alianzas y la competencia interna de los espacios políticos. También contempla cambios en el sistema de votación y escrutinio, entre ellos el recuento manual de las boletas impresas del voto electrónico.
De esta manera, los partidos y dirigentes deberán organizar sus estrategias dentro de un esquema electoral que ya cuenta con el aval constitucional del máximo tribunal salteño. La discusión sobre las candidaturas y los acuerdos políticos de cara a 2027 tendrá ahora estas reglas como punto de partida.
