¿Cambiar las reglas está mal o depende de quién lo haga?

Opinión23/04/2026

La reforma electoral que ya tiene media sanción en Diputados en Salta abrió, una vez más, un debate que en la Argentina parece repetirse como un eco eterno: ¿se pueden cambiar las reglas de juego? La respuesta, aunque a algunos no les guste, es sí. Siempre se cambian. Siempre se cambiaron. Y todo indica que se seguirán cambiando.

Lo curioso no es el cambio en sí, sino la reacción. Mientras en la Legislatura salteña La Libertad Avanza cuestionaba el proyecto por “falta de seguridad jurídica”, en Buenos Aires el propio presidente Javier Milei avanzaba con una reforma electoral en el Congreso de la Nación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cambiar las reglas está mal o depende de quién lo haga?

La discusión, en realidad, no es jurídica. Es política. Y como tal, está atravesada por intereses, posicionamientos y, muchas veces, por una llamativa doble vara.

Argentina tiene poco más de cuatro décadas de democracia ininterrumpida. Pretender niveles de estabilidad institucional similares a los de países con siglos de desarrollo democrático, como Estados Unidos, es desconocer nuestro propio proceso. La política argentina está en construcción permanente, y eso implica ensayo, error y correcciones constantes. Sí, eso puede generar tensiones o incluso cierta sensación de inestabilidad, pero también es parte del camino hacia sistemas más sólidos.

En ese marco, la reforma impulsada en Salta no es una anomalía ni un capricho aislado. Introduce cambios, claro que sí. Pero también plantea reglas que buscan ordenar el sistema político. Exigir presencia territorial en al menos 15 de los 23 departamentos para competir por la gobernación no parece un exceso, sino una condición mínima de representatividad. Difícilmente una fuerza pueda aspirar a conducir toda la provincia si no existe en lugares como La Poma o Cachi.

También se pone un límite a la dispersión interna: donde antes la Ley de Lemas permitía una cantidad ilimitada de sublemas, ahora habrá un tope. Se acota, se organiza. Y en un escenario donde ya no se discuten matices menores sino modelos de país —incluso la propia idea de Estado—, ordenar esa oferta política no resulta descabellado.

¿Hay cuestionamientos posibles? Por supuesto. ¿Se puede hablar de tensiones sobre el voto directo? También. Pero reducir todo el debate a una supuesta “trampa” o a una “alteración ilegítima” de las reglas es simplificar demasiado.

Hay otro dato que no es menor: el gobernador Gustavo Sáenz no se beneficia directamente de este sistema. Si decide presentarse, y sí gana, será por ser el más votado. Si no, queda afuera. Fue además quien impulsó la reforma constitucional que limitó los mandatos a dos períodos. Es decir, también puso un techo al poder.

Entonces, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿por qué lo que es válido a nivel nacional se condena a nivel provincial? ¿Por qué una reforma es necesaria en Buenos Aires pero cuestionable en Salta?

Cambiar la ley electoral no es un crimen. Es una herramienta política. Lo que sí debería ser inadmisible es la incoherencia. Porque si algo necesita la democracia argentina no es rigidez absoluta, sino honestidad en el debate. Y en ese punto, todavía estamos en deuda.