El Gobernador de Salta tomó la decisión política de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el Fondo de Incentivo Docente. Además solicita la declaración de Nulidad e Inconstitucionalidad del DNU 280 que elimina del Presupuesto 2023, los fondos destinados para tal fin.
Política09/04/2024
José Alberto Coria
El Gobierno de la Provincia de Salta presentó un Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra del Gobierno nacional pidiendo la restitución del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID). En el recurso también se incluyó un reclamo por fondos de Conectividad.
La decisión política tomada por el gobernador, Gustavo Sáenz, y que se materializó en la Justicia, además solicita que se declare la Nulidad e Inconstitucionalidad del DNU 280 (el cual suspende los fondos) y solicita una Medida Cautelar, en procura del dinero que el Estado provincial desembolsó en ese concepto en el mes de enero y de los que corresponden a los meses siguientes, mientras se discute la cuestión de fondo.
Entre los argumentos, se destaca que la decisión del Gobierno nacional implicó una disminución sustancial y sorpresiva de los recursos previstos por la Provincia, además de una disminución de los salarios que perciben los docentes.
En su presentación recuerda que el FONID es creado por una ley del Congreso en el año 1998, con la finalidad de mejorar la retribución de los docentes, siendo prorrogado durante 26 años por distintas leyes y decretos.
Este fondo implicaba cumplir con la responsabilidad legal y constitucional que le cabe al Gobierno nacional a fin de garantizar su contribución al financiamiento del sistema educativo indicadas por las leyes vigentes.
En esto se destacan dos leyes nacionales: la ley de Financiamiento Educativo (26.075) que establece expresamente la obligación del Estado nacional de contribuir al financiamiento del sistema educativo de las provincias y la Ley Nacional de Educación (26.206) que no sólo declara a la Educación como un bien público, sino también como una prioridad nacional y política de Estado.
Por otro lado, las partidas para atender el mencionado fondo se encontraban contempladas en el Presupuesto 2023 que fue prorrogado.
Sin embrago el Estado nacional decidió unilateralmente, y a pesar de haber devengado el gasto la Secretaría de Educación de la Nación, no realizar la transferencia de los fondos correspondientes, los cuales a su vez son eliminados del mencionado presupuesto a través del DNU 280.
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