Fucho golpea con fuerza: embargo y astreintes por el mal estado de la ruta en Metán

En una resolución sin precedentes, el juez Sebastián Fucho emitió nuevas órdenes con respecto al estado deplorable de la Ruta Nacional 9/34 en su tramo que atraviesa la ciudad de Metán. La decisión surge a raíz de un recurso de amparo presentado por la concejal María José Bernis, reflejando la preocupación compartida por la comunidad ante la negligencia en el mantenimiento vial.

El fallo, emitido el día de ayer, estipula medidas contundentes contra Corredores Viales, la empresa responsable de la ruta en cuestión. Por un lado, se ha decretado un embargo de 2.800.000 pesos por incumplimiento en el depósito destinado al Hospital Del Carmen. Además, se aplicarán astreintes diarios por un valor de 2.500.000 pesos hasta que se cumpla con la resolución judicial.

Esta determinación del magistrado metanense refleja la gravedad de la situación y la urgencia de su rectificación. Anteriormente, el 19 de febrero, el juez Fucho ya había ordenado la reparación inmediata de la mencionada ruta, bajo amenaza de multas diarias en caso de desatender la orden. Sin embargo, tras una inspección realizada el 20 de marzo, se constató el incumplimiento de dicha resolución, exacerbando aún más el deterioro vial y poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios.

Es importante destacar que la apelación presentada por Corredores Viales no obstaculizará la ejecución de la resolución de primera instancia, según lo determinado por el juez Fucho. Esta medida se basa en la premisa de que la seguridad de los ciudadanos es una prioridad, por lo que las acciones legales deben proceder sin demora.

Además, el juez Fucho hizo hincapié en el aumento del precio del peaje durante el período en que se debían realizar las reparaciones, lo que agrava aún más la situación para los usuarios de la ruta. Este aumento, de cien a trescientos pesos, con una proyección de llegar a novecientos pesos para el 18 de mayo, resalta la urgencia de una pronta resolución de este conflicto.

En última instancia, la decisión del juez Fucho de imponer multas diarias reflejó su compromiso con la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos, incluyendo el derecho a la salud, la vida y la seguridad vial. Es un llamado a la acción para garantizar que las empresas responsables cumplan con sus obligaciones y que la infraestructura vial sea mantenida en condiciones óptimas para el bienestar de todos.