El principal acusado cumplía arresto domiciliario por una condena de 5 años y 6 meses por transportar 26 kilos de cocaína, delito en el que reincidió, pero con una carga de 49 kilos
Judiciales17/05/2024
Por Expresión del Sur
Su defensa intentó que siga con ese beneficio, pero la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, ordenó su prisión preventiva, confirmada en segunda instancia. "No puede utilizarse la salud para sustraerse de su responsabilidad ante el Estado", afirmó la magistrada.
A instancia de una meticulosa investigación del Área de Casos Complejos, de la Unidad Fiscal Salta, la jueza de Garantías N°2, Mariela Giménez, hizo lugar a la imputación penal requerida por el fiscal federal, Ricardo Rafael Toranzos, contra tres integrantes de una organización narcocriminal que se dedicaba a la obtención de drogas desde Bolivia, y su posterior traslado al sur del país.
La acusación se presentó en la audiencia de formalización de la investigación penal, celebrada el viernes pasado ante la jueza Giménez, quien declaró legal la detención de los acusados, identificados como Armando Martín Escalante, su hermano, Rubén y Catalina del Valle Peralta, a quienes se le imputó el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
Al presentar el caso, el fiscal -asistido por el Investigador Pablo Carraro- sindicó a Armando Escalante como el líder de la organización, ya que de las evidencias reunidas se estableció el preponderante rol que tenía sobre el resto, incluso se verificó viajes que realizó al vecino país de Bolivia, a fin de negociar la adquisición de cocaína.
La fiscalía expuso una serie de diálogos extraídos de escuchas telefónicas tomadas del teléfono celular de Escalante, quien aparece como la persona que coordinaba los viajes de los mochileros a nuestro país. El viernes 3 de mayo se estableció que Escalante acordó reunirse con Sánchez en un lugar no determinado del paraje "El Orejón", en Bolivia, donde iban a recibir un cargamento de 49 kilos de cocaína y coordinar su ingreso a este país. Esta pista se robusteció con un diálogo que ambos mantuvieron posteriormente, en el que Sánchez describe la carga: "hay de esos y también hay de grises", lo que motivó la autorización judicial a fin de pasar a la modalidad de escuchas directas, para poder interceptar a los acusados y neutralizar el transporte. De esta manera, el lunes 6 de mayo, se interceptó otro contacto, en el que Sánchez le confirma a Escalante la entrega. "Esta tarde te entrego", le dijo, a lo que el líder de la organización le responde: "sí, porque la gente ya está esperando".
En virtud del peso de la acusación, las pruebas reunidas y la evaluación de los riesgos procesales, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de los tres acusados, planteo que fue aceptado por la jueza, siendo éste el principal punto de debate de la audiencia, pues el jefe de la organización es no vidente. Además, presenta otra patología delicada, como una herida intestinal abierta, lo que demanda ciertos cuidados sanitarios.
A ello, se sumó que Escalante, al momento del hecho, gozaba del beneficio de arresto domiciliario en el marco de una pena de 5 años y 6 meses de prisión homologada el 2 de agosto de 2022 por el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, en el marco de una investigación seguida contra el acusado, por ser coautor del delito de transporte de estupefacientes.
Una vez identificados los acusados, el fiscal explicó que la captura fue como resultado de pesquisas preliminares, las que tenían como principales objetivos a Escalante y Peralta, nombres surgidos de una investigación que personal de Gendarmería realizaba en torno a una organización que obtenía la droga en la frontera y la trasladaba al sur del país.
En dicha hipótesis, Escalante aparecía como la persona que llevaba adelante las negociaciones para abastecerse de droga, las que incluían viajes a Bolivia, para luego coordinar y dirigir el traslado del tóxico a Orán y, desde allí, a Salta. Con otro cómplice, identificado como Víctor Sánchez, conformó una dotación de mochileros que cruzaban la frontera, a la altura de Aguas Blancas, en el límite fronterizo. Pese a su condición -sostuvo el fiscal- remarcó el itinerario que debían hacer los cargadores por el monte.
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