El Ministerio Público Fiscal investiga una red de maniobras irregulares en el otorgamiento de pensiones por discapacidad. Hay 22 personas bajo la lupa y se realizaron 17 allanamientos en los que se incautaron millones de pesos, documentación y dispositivos electrónicos.
Judiciales23/10/2025
Por Expresión del Sur
Una investigación federal encendió las alarmas en Joaquín V. González, donde se habrían detectado maniobras fraudulentas vinculadas al otorgamiento irregular de pensiones no contributivas por discapacidad.
El caso se desprende de una causa iniciada en Taco Pozo (Chaco) en 2023, que ahora tiene ramificaciones en territorio salteño. El fiscal general Carlos Martín Amad, de la Unidad Fiscal Salta, impulsó las actuaciones que fueron declaradas “causa compleja” por la jueza federal de Garantías N.º 2, Mariela Giménez.
Hasta el momento, se investigan a 22 personas y ya se realizaron 17 allanamientos en distintos puntos de Joaquín V. González, donde los investigadores secuestraron alrededor de $8 millones, además de abundante documentación y dispositivos electrónicos que están siendo peritados.
Según fuentes judiciales, la pesquisa apunta a determinar cómo operaba la presunta red que habría gestionado pensiones de manera irregular, valiéndose de certificados médicos y documentación apócrifa. Entre los investigados figura un profesional de la salud que también aparece en la causa abierta en Taco Pozo, lo que refuerza la hipótesis de un modus operandi repetido en distintas localidades.
El Ministerio Público Fiscal trabaja sobre miles de casos bajo análisis, con la sospecha de que los beneficios se habrían mantenido en el tiempo, generando un perjuicio millonario al Estado Nacional.
La Fiscalía Penal de la jurisdicción y la jueza interviniente ratificaron que, por el momento, el expediente permanece en etapa de investigación preliminar y que las defensas no pueden acceder al legajo hasta la formalización de la causa, conforme lo establece el Código Procesal Penal Federal.
El escándalo salpica a una localidad que, en los últimos años, ha sido epicentro de múltiples investigaciones por manejos irregulares en programas sociales y asistencia estatal.
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