
Imputan a cinco acusados por captar colegialas para explotación sexual
La investigación reveló una red que operaba en torno a un colegio secundario. El remisero organizaba los encuentros en moteles y clientes pagaban hasta 200 mil pesos.
La Justicia de Tartagal avanza en un caso de distribución de material de abuso infantil, agravado por la implicación de menores de 13 años, según el Artículo 128 del Código Penal argentino.
Judiciales16/07/2024Este martes, en La Banda de Abajo, se llevó a cabo un importante allanamiento bajo la supervisión de la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo. El procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantías 1 de Cafayate, resultó en la detención de un hombre de 22 años, implicado en la distribución de material de abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
La investigación se inició tras un reporte de la ONG NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), que alertó sobre actividades sospechosas relacionadas con la explotación sexual infantil en plataformas digitales. Según los informes recibidos, el detenido habría subido los archivos de contenido ilícito a la infraestructura de Google. Además, las características fisonómicas de una persona mayor que aparece en los archivos coinciden con las del sospechoso, lo que fortalece la evidencia en su contra.
Durante el allanamiento, se procedió al secuestro de dispositivos informáticos y tecnológicos, destinados a la producción, almacenamiento y reproducción de material audiovisual. La fiscalía realizó una inspección minuciosa de estos dispositivos para documentar, extraer y resguardar los datos necesarios para futuras pericias, asegurando así la evidencia digital crucial para el caso.
Una vez completado el control de legalidad correspondiente, la fiscal Cornejo imputará en las próximas horas al detenido por el presunto delito de difusión y producción de material de abuso y explotación sexual infantil. Este delito está agravado por la participación de menores de 13 años, según lo establecido en el Artículo 128 del Código Penal argentino.
La investigación reveló una red que operaba en torno a un colegio secundario. El remisero organizaba los encuentros en moteles y clientes pagaban hasta 200 mil pesos.
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