El Observatorio de Violencia contra las Mujeres presentó su informe anual 2024, un exhaustivo análisis estadístico que aborda el estado de la violencia de género en la provincia desde enero hasta octubre de este año, al tiempo que realiza un balance de los últimos diez años desde la declaración de emergencia social por violencia de género en 2014, establecida por la Ley 7867.
Sociedad26/11/2024
Por Expresión del Sur
El acto, encabezado por el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, tuvo lugar en las instalaciones de UTGHRA, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Uno de los datos más destacados del informe es el incremento del 45% en las denuncias registradas desde 2016. Este aumento puede explicarse, en parte, por la implementación de leyes específicas, campañas de concientización y capacitaciones masivas, así como por un cambio generacional que ha reducido la tolerancia hacia conductas violentas.
Sin embargo, el Observatorio enfatiza que el aumento en las denuncias también genera una mayor presión sobre los recursos de asistencia y protección disponibles, que aún son insuficientes.
En términos geográficos, las denuncias se concentran principalmente en el distrito Centro, correspondiente al departamento Capital, debido a su densidad poblacional. Sin embargo, se registró una leve disminución de denuncias en el distrito Norte-Tartagal y una estabilización en otros distritos.
El informe señala que el contexto de violencia psicológica es el más denunciado, aumentando del 53,3% en 2016 al 61,5% en 2024, lo que refleja una mayor caracterización de este tipo de violencia tanto en la población como en los operadores judiciales y policiales.
Pese a los avances, Salta continúa superando la media nacional en tasas de femicidios, lo que refleja la necesidad urgente de políticas más efectivas en prevención y asistencia.
El 50% de los femicidios se comete dentro del hogar, y el 43,8% utiliza armas blancas, un dato que evidencia el ensañamiento en los actos de violencia extrema. Además, el 37,5% ocurre en espacios públicos, un fenómeno que subraya el carácter social del femicidio y su impacto en la comunidad.
El informe detalla que la mayoría de las víctimas son mujeres entre 30 y 39 años, coincidiendo con los grupos que más denuncian violencia.
Los vínculos predominantes entre agresor y víctima son pareja (41%) y ex pareja (32%), lo que refuerza la necesidad de un abordaje integral y continuo en estos casos.
El informe revela desafíos significativos en la atención a las víctimas. Solo el 68% de los municipios cuenta con áreas específicas de asistencia, y estas, junto con la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, enfrentan limitaciones en recursos humanos, sobre todo en horarios de alta demanda, como fines de semana y feriados.
Las comisarías, que son los únicos espacios disponibles en estos horarios, carecen de personal capacitado para manejar denuncias de violencia de género, lo que subraya la urgencia de crear comisarías especializadas o reforzar las existentes.
Además, la falta de dispositivos duales y botones de pánico suficientes, sumada a una insuficiente capacitación de los operadores judiciales y policiales, limita la capacidad de respuesta inmediata. Esto se agrava con la ausencia de programas de seguimiento integral para las víctimas, como patrocinio jurídico gratuito, tratamiento psicológico y acceso a subsidios.
El ámbito educativo ha demostrado ser un espacio fundamental para la detección de casos de violencia, especialmente de violencia sexual.
Sin embargo, en el sector salud, la problemática aún no es abordada como prioridad, a pesar del impacto físico y psicológico que la violencia tiene sobre las víctimas. Solo la Oficina Hospitalaria de Violencia contra la Mujer en el Hospital San Bernardo se destaca como una práctica efectiva, aunque aislada.
El informe subraya la importancia de incluir a los varones en las políticas públicas sobre violencia de género, abordando no solo a las víctimas sino también a los agresores.
Actualmente, Salta cuenta con solo dos programas específicos para hombres que ejercen violencia, ambos con criterios de admisión limitados y sin alcance suficiente para cubrir toda la provincia. Esta carencia perpetúa la repetición de conductas violentas en nuevas relaciones.
El Observatorio propone la creación de un sistema informático interinstitucional que permita articular mejor las intervenciones de los organismos involucrados y evitar la revictimización de las personas afectadas.
También trabaja en un flujograma interinstitucional para optimizar la atención y establecer acuerdos claros entre las instituciones responsables.
Asimismo, se enfatiza la necesidad de diseñar un Plan Provincial integral con perspectiva intercultural e interseccional, que aborde las violencias hacia mujeres, diversidades, comunidades indígenas, campesinas y personas con discapacidad.
Este plan debe involucrar a los tres poderes del Estado, al sector privado y a la sociedad civil, garantizando financiamiento específico para acciones preventivas como las capacitaciones obligatorias de la Ley Micaela y la Educación Sexual Integral.
Durante la presentación, las directoras del Observatorio destacaron como un avance positivo el aumento del 86% en las denuncias registradas, señalando que esto responde a una desnaturalización creciente de la violencia. Sin embargo, el informe también deja en claro que aún queda mucho por hacer para garantizar una respuesta integral y efectiva a la problemática, especialmente en un contexto donde las tasas de femicidios y violencia sexual siguen siendo alarmantes. El acto de presentación no solo marcó el cierre de una década de análisis sobre violencia de género en Salta, sino que también dejó un llamado contundente a reforzar las políticas públicas y garantizar una articulación efectiva entre los distintos actores, con el objetivo de construir una provincia más segura e igualitaria.
Las consignas policiales se implementan como medida de protección urgente en casos de violencia de género, especialmente cuando el Juzgado evalúa un riesgo inminente para la integridad de la víctima o su grupo familiar.
Estas medidas, reguladas por la Ley Nacional 26.485 y la Ley Provincial 7.888, buscan prevenir mayores agresiones, siendo dispuestas en cualquier etapa del proceso judicial, incluso por jueces no competentes, bajo un enfoque de carácter proteccionista.
En 2022, las consignas se aplicaron al 98,3% de las víctimas y solo el 1,7% al victimario. En 2023, el 97,2% de las consignas fueron para las víctimas y el 2,8% a los victimarios.
Entre 2018 y 2023, las consignas policiales fijas se mantuvieron por encima de las 9.000 anuales, mostrando un uso constante.
Por su parte, las consignas ambulatorias evidenciaron un incremento sostenido durante el mismo período, alcanzando su punto máximo en 2023. Las consignas personalizadas, aunque significativamente menores, también aumentaron año a año, consolidándose como una opción en crecimiento.
En 2023, se dispusieron 24.106 consignas para la protección de víctimas, un número significativamente superior al de las asignadas a agresores, que representaron apenas el 1% del total.
Este dato subraya la prioridad dada a la protección de quienes se encuentran en situación de riesgo. Sin embargo, el informe destaca que aún no existe un sistema de información permanente en Salta que permita evaluar aspectos como la duración de las consignas, su eficacia y la percepción de las víctimas sobre estas medidas.
El análisis refleja la necesidad de un enfoque más integral y eficiente en la implementación de consignas. Esto incluye una mejor evaluación de los casos para garantizar que las medidas asignadas sean adecuadas y efectivas, evitando el desgaste de recursos y priorizando siempre la protección de las víctimas. Además, el incremento gradual en las consignas asignadas a agresores apunta a un cambio en el enfoque hacia una mayor responsabilidad de quienes ejercen violencia, aunque aún queda un largo camino por recorrer en este aspecto. Las consignas policiales son un recurso fundamental en la lucha contra la violencia de género, pero su impacto real depende de un diseño más sistemático que optimice su uso y garantice una respuesta efectiva a las necesidades de las víctimas y la sociedad en general.
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