La fiscal Salinas Odorisio solicitó elevar a juicio la causa contra 27 personas, entre ellas 13 efectivos de la Policía de la Provincia, involucradas en la financiera ilegal “Ríos & Asociados S.A.”, acusados de estafas, falsedad de documentos y asociación ilícita.
Judiciales18/02/2025
Por Expresión del Sur
La Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos (UDEC) requirió la elevación a juicio de 27 personas implicadas en el fraude de la financiera ilegal "Ríos & Asociados S.A.", un caso que dejó a cientos de víctimas, incluidos varios miembros de las fuerzas de seguridad, quienes se beneficiaron de la estructura delictiva. Los acusados enfrentan cargos por estafas reiteradas, falsificación de documentos, abuso de autoridad, peculado y encubrimiento.
La fiscalía presentó los siguientes cargos contra los imputados:
La financiera "Ríos & Asociados S.A." operaba bajo una fachada de solvencia y capacidad para realizar grandes operaciones financieras, atrayendo a víctimas con la promesa de altos rendimientos a corto plazo en mercados bursátiles, criptomonedas y otros instrumentos financieros. Los acusados suscribían contratos de inversión falsificados, lo que inducía a error a los damnificados, haciéndoles creer que recibirían rendimientos elevados, una estrategia común en las estafas de tipo Ponzi.
Esta estructura permitió a los imputados captar un número significativo de víctimas que confiaron en la promesa de rentabilidad, realizando aportes de dinero, vehículos y otros bienes. La operación logró movilizar importantes sumas de dinero, pero colapsó cuando dejó de ingresar nuevo capital, dejando a los inversionistas sin respuesta.
Varios de los imputados, como los policías Fabricio Nieva, Guillermo Alberto Nieva, Manuel Justino Reynaga, Edgardo Ariel Velazco y Humberto Alejandro Rodríguez, prestaron servicios de seguridad en el local de la financiera de manera ilegal. Estos oficiales no cumplieron con los requisitos establecidos por la institución policial, actuando fuera del marco legal y facilitando las operaciones de la financiera fraudulenta. La investigación confirmó que, durante el tiempo de funcionamiento de la falsa entidad, varios efectivos de la Policía de Salta realizaron funciones de seguridad sin cumplir con las normativas para la prestación de servicios adicionales.
Otro de los puntos centrales de la causa es el peculado cometido por María Eugenia Espinosa, quien, en su rol de jefa de la División Cobranza y Adicionales de la Policía de Salta, sustrajo caudales estatales al presentar recibos falsificados, generando un perjuicio patrimonial al Estado provincial.
Por otro lado, Nidia de los Ángeles Valdéz, quien ocupaba un cargo de responsabilidad en la Unidad Regional N° 3 en Metán, es acusada de encubrimiento por ocultamiento de dinero proveniente de la estafa.
La maniobra empleada por los imputados se enmarca dentro de lo que se conoce como un esquema Ponzi, una estafa piramidal que promete altos rendimientos a corto plazo, pero que solo funciona mientras se sigan incorporando nuevos inversionistas. Una vez que el flujo de nuevos fondos se detiene, el sistema colapsa, dejando a los participantes con importantes pérdidas.
El requerimiento de elevación a juicio fue presentado ante el Juzgado de Garantías 3, del Distrito Judicial del Centro. Los imputados enfrentan una serie de cargos graves, y la causa continúa siendo una de las más importantes en cuanto a delitos económicos en la provincia.
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Durante la audiencia declararon peritos y efectivos que participaron en distintas etapas de la investigación por el crimen de Jimena Salas.
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La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó cinco allanamientos en distintos domicilios de Salta, secuestrando teléfonos, computadoras y documentación clave para la causa. La investigación comenzó tras denuncias de familiares de las víctimas y permitió reconstruir la forma en que los imputados captaban y explotaban a adolescentes con fines sexuales, reafirmando el compromiso de la fuerza en la protección de niños y adolescentes.
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