La fiscal Salinas Odorisio solicitó elevar a juicio la causa contra 27 personas, entre ellas 13 efectivos de la Policía de la Provincia, involucradas en la financiera ilegal “Ríos & Asociados S.A.”, acusados de estafas, falsedad de documentos y asociación ilícita.
Judiciales18/02/2025
Por Expresión del Sur
La Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos (UDEC) requirió la elevación a juicio de 27 personas implicadas en el fraude de la financiera ilegal "Ríos & Asociados S.A.", un caso que dejó a cientos de víctimas, incluidos varios miembros de las fuerzas de seguridad, quienes se beneficiaron de la estructura delictiva. Los acusados enfrentan cargos por estafas reiteradas, falsificación de documentos, abuso de autoridad, peculado y encubrimiento.
La fiscalía presentó los siguientes cargos contra los imputados:
La financiera "Ríos & Asociados S.A." operaba bajo una fachada de solvencia y capacidad para realizar grandes operaciones financieras, atrayendo a víctimas con la promesa de altos rendimientos a corto plazo en mercados bursátiles, criptomonedas y otros instrumentos financieros. Los acusados suscribían contratos de inversión falsificados, lo que inducía a error a los damnificados, haciéndoles creer que recibirían rendimientos elevados, una estrategia común en las estafas de tipo Ponzi.
Esta estructura permitió a los imputados captar un número significativo de víctimas que confiaron en la promesa de rentabilidad, realizando aportes de dinero, vehículos y otros bienes. La operación logró movilizar importantes sumas de dinero, pero colapsó cuando dejó de ingresar nuevo capital, dejando a los inversionistas sin respuesta.
Varios de los imputados, como los policías Fabricio Nieva, Guillermo Alberto Nieva, Manuel Justino Reynaga, Edgardo Ariel Velazco y Humberto Alejandro Rodríguez, prestaron servicios de seguridad en el local de la financiera de manera ilegal. Estos oficiales no cumplieron con los requisitos establecidos por la institución policial, actuando fuera del marco legal y facilitando las operaciones de la financiera fraudulenta. La investigación confirmó que, durante el tiempo de funcionamiento de la falsa entidad, varios efectivos de la Policía de Salta realizaron funciones de seguridad sin cumplir con las normativas para la prestación de servicios adicionales.
Otro de los puntos centrales de la causa es el peculado cometido por María Eugenia Espinosa, quien, en su rol de jefa de la División Cobranza y Adicionales de la Policía de Salta, sustrajo caudales estatales al presentar recibos falsificados, generando un perjuicio patrimonial al Estado provincial.
Por otro lado, Nidia de los Ángeles Valdéz, quien ocupaba un cargo de responsabilidad en la Unidad Regional N° 3 en Metán, es acusada de encubrimiento por ocultamiento de dinero proveniente de la estafa.
La maniobra empleada por los imputados se enmarca dentro de lo que se conoce como un esquema Ponzi, una estafa piramidal que promete altos rendimientos a corto plazo, pero que solo funciona mientras se sigan incorporando nuevos inversionistas. Una vez que el flujo de nuevos fondos se detiene, el sistema colapsa, dejando a los participantes con importantes pérdidas.
El requerimiento de elevación a juicio fue presentado ante el Juzgado de Garantías 3, del Distrito Judicial del Centro. Los imputados enfrentan una serie de cargos graves, y la causa continúa siendo una de las más importantes en cuanto a delitos económicos en la provincia.
Un hombre de 43 años fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado y corrupción de menores, en perjuicio de dos niñas que convivían con él cuando era pareja de su madre.
La víctima pidió un escarmiento, pero dijo que no quería que él fuera preso. El imputado deberá cumplir reglas de conducta y trabajos comunitarios durante un año.
El joven admitió su responsabilidad en varios hechos y fue sentenciado a tres años de prisión condicional. También deberá cumplir reglas de conducta.
Un hombre de 35 años fue condenado en Metán a 8 años de prisión efectiva por abuso sexual agravado en perjuicio de su hija menor, según lo dispuso el Tribunal de Juicio de ese distrito.
El hecho ocurrió el 2 de septiembre pasado cerca del basural de la localidad de Apolinario Saravia, en el departamento de Anta.
La Justicia de Joaquín V. González condenó a seis años de prisión a una mujer acusada de abuso sexual con acceso carnal a un adolescente en Río del Valle.
El carro era remolcado por una camioneta que se fugó en el momento del impacto. El conductor herido iba desde González rumbo a Tucumán.
El gerente sanitario del hospital del Carmen, advirtió que los accidentes de tránsito protagonizados por motociclistas sin casco generan una fuerte presión sobre el sistema de salud local, que carece de un servicio de emergencias como el Samec y debe absorber todos los costos y recursos que implican los traslados, estudios y tratamientos.
Efectivos de la División Drogas Pelogrosas de Metán y Rosario de la Frontera realizaron cinco allanamientos simultáneos, que finalizaron con seis detenidos y el secuestro de marihuana, cocaína, pasta base, dinero en efectivo y un vehículo.
Durante una encendida intervención en la Cámara de Diputados, el legislador Gustavo Orozco denunció el uso de fondos públicos en la campaña electoral de Rosario de la Frontera. Habló de dos cheques del municipio cambiados en una financiera tucumana.
Más de 50 jefes comunales del interior se reunieron con el Gobernador y le pidieron que busque la reelección. Consideran que es clave para sostener obras y acompañar a los municipios en tiempos de crisis.
