El director de la oficina de ANSeS denunció a los diputados nacionales de La Libertad Avanza y a un asesor por presionar a empleados para aportar parte de su sueldo al partido. La Justicia inició una averiguación preliminar.
Judiciales19/06/2025
Por Expresión del Sur
Una denuncia presentada en la ciudad de Metán encendió las alarmas sobre el financiamiento interno de La Libertad Avanza (LLA) en Salta. El director de la oficina de ANSeS local acusó formalmente a los diputados nacionales Emilia Orozco y Carlos Zapata, y al asesor Ricardo Ortega, por la presunta exigencia de aportes partidarios a empleados designados políticamente en esa dependencia.
El caso está en manos del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, quien inició una averiguación preliminar tras la denuncia presentada el pasado 13 de junio en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.
La presentación se basa en un audio difundido por FM Infinito, donde se escucha una conversación entre Cristian Achaval y Ricardo Ortega, en la que se discute un esquema de aportes económicos obligatorios —calculados como un porcentaje del sueldo— exigido a quienes ocupan cargos vinculados a LLA.
En el audio, Ortega se presenta como el encargado de cobrar los aportes y afirma que el porcentaje solicitado bajó del 10% al 5%. Incluso menciona que "las chicas" le envían los recibos de sueldo, y justifica el pedido argumentando que “todos cobran muy bien”. Nombra a Gustavo Pantaleón, exdiputado provincial, como uno de los que no estaba cumpliendo con los pagos y asegura que fue apartado de su cargo por esa razón: “Lo renunciaron”, dice textualmente.
Uno de los fragmentos más polémicos revela que Ortega estima que la “Casa de La Libertad Avanza” en Salta requiere alrededor de $1.500.000 para afrontar alquileres y gastos fijos, y que los aportes servirían para cubrir esa suma.
Además, sugiere dos vías para entregar el dinero: en mano, en la oficina, o mediante transferencia bancaria a una cuenta del partido Ahora Patria, aliado de LLA en la provincia.
La difusión del audio generó malestar e inquietud dentro del espacio libertario salteño. Sin embargo, ningún referente del partido accedió a dar declaraciones al ser consultado por el programa radial que destapó el caso. El silencio se mantuvo incluso ante la gravedad del contenido, que podría configurar una práctica coercitiva y violatoria de la legislación vigente en materia de financiamiento partidario y función pública.
El caso no es aislado: otras denuncias similares se replican en distintos puntos del país, donde se investiga el manejo de “cajas paralelas” y exigencias de aportes a empleados públicos.
La investigación en Metán podría marcar un punto de inflexión en la transparencia del espacio que promueve la austeridad y la reducción del Estado, pero que, según la denuncia, presionaría a empleados públicos para financiar su estructura política con fondos retenidos de sus salarios.
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