Tras el escándalo en González, crece el rechazo de los municipios a la feria itinerante. El conflicto expone una tensión delicada: vecinos que buscan precios bajos vs. comerciantes que sostienen la economía local.
Actualidad07/07/2025
Por Expresión del Sur
Después del escándalo comercial que sacudió a Joaquín V. González el fin de semana, la presencia del llamado Ofertón de Orán encendió las alarmas en varios municipios del sur salteño. Aunque la feria solo alcanzó a funcionar un día en territorio gonzaleño, bastó para generar una grieta social y política que hoy nadie quiere replicar.
La experiencia fue suficiente para que otras localidades comiencen a cerrar filas. En El Quebrachal, según pudo averiguar Expresión del Sur, las autoridades locales evitaron autorizar el arribo de los feriantes. Y no es casual: el conflicto latente entre los consumidores que quieren comprar barato y los comerciantes locales que tributan, sostienen empleados y mantienen sus negocios todo el año es un campo minado que ningún intendente quiere pisar.
Consultados por este medio, al menos dos jefes comunales del departamento de Anta fueron contundentes: “No queremos quilombos”. Esa frase resume el sentir de muchos intendentes frente a un tema que puede volverse altamente explosivo.
El Ofertón de Orán ofrece productos a precios muy por debajo del mercado: zapatillas desde $6.000, combos de artículos de limpieza, bazar, indumentaria, calzado y hasta alimentos, que según denuncian comerciantes locales, llegan desde Bolivia y se venden sin control ni garantías. En González, el primer día de feria fue un éxito de público, pero también detonó una fuerte reacción del sector comercial, que presionó para su cierre. El municipio finalmente intervino y negó la autorización para continuar, lo que disparó una tormenta de críticas, especialmente en redes sociales.
Frente a esta situación, las autoridades de los municipios cercanos prefieren cortar por lo sano. Más allá de los beneficios inmediatos que puede representar para los vecinos acceder a precios accesibles, desde los gobiernos locales entienden que deben proteger el comercio legalmente establecido. “Nos debemos a quienes invierten todo el año, pagan impuestos y generan empleo. No podemos legitimar un comercio informal, por más barato que sea”, expresó uno de los intendentes consultados.
Mientras tanto, el Ofertón sigue buscando plaza. Este lunes se instalará en Gaona, una pequeña localidad del departamento de Anta, donde la presión comercial es menor. Pero el clima de tensión persiste, y el tema se volvió un dolor de cabeza para los jefes comunales, que sienten que cualquier decisión puede traerles costos políticos.
El caso deja una pregunta abierta: ¿cómo contener el enojo social frente a los precios altos sin desproteger al comercio local?
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