La oposición rechazó el veto de Milei contra los discapacitados

Con el apoyo de antiguos aliados de La Libertad Avanza, la oposición en Diputados logró insistir con dos tercios la ley de emergencia en discapacidad que vetó Javier Milei, una norma que cosechó un fuerte respaldo social con marchas y movilizaciones en la calle.

Los 172 que votaron a favor se conformaron de los bloques críticos, impulsores de la ley, pero también con los “heridos” que dejó el oficialismo durante el último cierre de listas nacionales. Hubo 73 rechazos y dos abstenciones, una de ellas, de María Eugenia Vidal.

Se trata de un nuevo revés para la administración libertaria, que ve desafiado como nunca el corazón de su política económica, uno de sus emblemas para enfrentar la campaña electoral, que ya está en marcha. Con este golpe, el Presidente ve resquebrajarse el escudo legislativo que había mostrado bajo la consigna de “los 87 héroes”.

Ahora la pulseada se traslada al Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario aún más adverso que en la Cámara baja.

Milei firmó el veto contra el aumento de las jubilaciones y los fondos de discapacidad

Al momento de la votación para habilitar la discusión, y para sorpresa de sus propios colegas de bloque, se ausentó Florencio Randazzo, de Encuentro Federal. Lo mismo hizo la exoficialista, Lourdes Arrieta. Tampoco estuvieron presentes María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, de Pro, críticas del acuerdo electoral de su partido con los libertarios. Hubo, además, tres faltazos libertarios que ayudaron a la oposición para bajar el piso para llegar a los dos tercios de los presentes: Alida Ferreyra, Gerardo González y Florencia Klipauka.

La ley, sancionada a principios de julio, actualiza los aranceles de los prestadores de servicios de discapacidad y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, dispone que las pensiones por invalidez laboral ya vigentes se transformen automáticamente en esta nueva pensión por discapacidad, con el acceso garantizado a un programa de atención médica. También apunta a regularizar las deudas que el sistema de salud mantiene con los prestadores.

El Gobierno objetó el costo fiscal de la medida. En el decreto de veto calculó que la ley implicaría desembolsos por más de $3 billones en 2025 (0,36% del PBI) y casi $6 billones en 2026 (0,59%). Según sus argumentos, el grueso del gasto proviene de la ampliación del universo de beneficiarios de la pensión, que alcanzaría a todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), unas 1,5 millones de potenciales titulares. Solo las nuevas pensiones demandarían en 2025 más de $2,1 billones (0,26% del PBI) y casi $4,7 billones en 2026 (0,47% del PBI). A ello se sumaría la incorporación de los beneficiarios al Programa Incluir Salud, con un costo adicional de $574.200 millones en 2025 y $1,2 billones en 2026, más una compensación de $278.323 millones por la actualización de aranceles en el primer año.

Los números, sin embargo, no coinciden con los de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que calculó un impacto más acotado, de entre $2,4 billones (0,28% del PBI) y $4,3 billones (0,51% del PBI). Según la OPC, si se aplicara únicamente la emergencia en discapacidad, sin los ajustes en la movilidad jubilatoria ni el pago de bonos adicionales, el costo se reduciría a un rango de entre 0,26% y 0,46% del PBI.

El debate

Danya Tavela, diputada de Democracia para Siempre, acusó a Milei de aplicar “el ajuste fácil, contra los más vulnerables” al vetar la emergencia en discapacidad. Señaló que el Presidente buscó “mostrar autoridad con crueldad” y cuestionó la falta de gestión en auditorías y pagos. También advirtió que el oficialismo “no ajustó a la casta, sino que creó una nueva” a costa de salarios, jubilaciones, educación y salud.

Victoria Borrego, diputada de la CC, acusó al Gobierno de “violar la Constitución y las convenciones sobre discapacidad” y de haber “desfinanciado el fondo de redistribución en favor de las prepagas”. Calificó el veto de Milei como “criminal” y reprochó que no optara por un veto parcial que garantizara las prestaciones.

Patricia Vásquez, diputada del Pro y una de las voces que utilizó el oficialismo para defender el veto, calificó el debate como “un ataque utilizando causas nobles” y responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández por el desfinanciamiento del sistema. Reivindicó la potestad presidencial de vetar y cuestionó la intervención judicial en el trámite legislativo. También defendió la gestión actual con números: “Pasamos de un 41% de desfinanciamiento heredado a un 5,8% de retraso en el nomenclador”.

Media hora antes de que se abrieran las puertas del recinto, el Gobierno intentó frenar la avanzada. El vocero Manuel Adorni anunció en X que el Poder Ejecutivo “considera” un aumento en las prestaciones por discapacidad, que se financiaría con auditorías sobre pensiones mal otorgadas y la eliminación de “curros de muchos años”. El mensaje, sin embargo, no alcanzó para quebrar el quorum opositor.

La radical Natalia Sarapura dijo que con este anuncio oficial “reconocen que Milei se equivocó vetando la Ley de Emergencia” y reclamó que el Congreso rechace la decisión presidencial. Señaló que persiste “una deuda histórica” con las personas con discapacidad y cuestionó la “estigmatización”, a la que calificó como “un retroceso y una inmoralidad política”. Cerró con un mensaje contundente: “No a la crueldad, sí a los derechos de las personas con discapacidad”.

Daniel Arroyo (UP), autor de la iniciativa y uno de los últimos oradores, describió una situación colapsada: trabajadores de talleres protegidos que cobran $28.000 al mes, transportistas que no pueden cubrir los traslados por el costo del combustible, acompañantes terapéuticos que cobran con meses de demora y centros de día al borde del cierre. “Las familias y las personas con discapacidad no dan más -advirtió-, rebotan entre obras sociales y prepagas. La situación es desesperante”. Calificó el veto como “absurdo” y sin impacto fiscal, ya que reordenar el sistema implicaría apenas “0,003% del PBI”.