El Presidente utilizó la herramienta constitucional para suprimir la ley votada por diputados y senadores. Ahora el foco del Gobierno pasa lograr que la oposición no consiga en el Congreso para rechazar el veto.
Actualidad03/08/2025
José Alberto Coria
Este sábado Javier Milei firmó el veto al aumento a las jubilaciones y a los fondos para discapacidad que sancionó el Congreso hace pocas semanas. Tal como lo había adelantado el mismo día que se trató, Clarín confirmó que el Presidente utilizó la herramienta constitucional para suprimir la ley votada por diputados y senadores.
A partir de la oficialización que se hará el lunes, el veto presidencial suspende el aumento jubilatorio de haberes y pensiones del 7,2% y el incremento para el bono, que pasaba de $70 mil a $110 mil, que además se iba a empezar a actualizar por inflación. Esa ley fue aprobada por las dos cámaras del Congreso, que también sancionaron una artículo que reabría por dos años de la moratoria que permitía que las personas que no tuvieran los 30 años de aportes jubilatorio poder comprar los saldos faltantes para llegar al haber mínimo.
En cuanto a la emergencia en discapacidad, el proyecto impulsado por el diputado Daniel Arroyo y convertido en ley, declaraba la emergencia hasta el 31 diciembre de 2027 y reforzaba las pensiones no contributivas por invalidez para llevarlas al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, establecía que eran compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos.
El principal argumento del Gobierno contra estas leyes es que rompen el equilibrio fiscal. Y ahora empieza a tallar la negociación legislativa y con los gobernadores para que la oposición no llegue a los dos tercios y rechace el veto presidencial. Antes de la firma, en el Ejecutivo evaluaron la alternativa de ofrecer gestos hacia los gobernadores y asegurarse el voto de algunos senadores.
Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de Ministros recibió en las últimas dos semanas a Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco).
Sin embargo, el veto llega a cinco días del cierre de alianzas para las elecciones nacionales de octubre, con negociaciones abiertas, cinco gobernadores que lanzaron un espacio federal, más el conflicto abierto con el PRO porteño y la muñeca de Mauricio Macri sobre diputados nacionales que podrían complicar el número que necesitan en la Casa Rosada.
Desde que empezó el período de sesiones ordinarias en marzo de este año, la Casa Rosada no consiguió aún que se apruebe ninguna ley propia y vio rechazados los pliegos de los jueces de la Corte propuestos por el Presidente, aunque sí pudo ratificar el DNU de deuda con el FMI.
La estrategia del oficialismo es calcada a la de vetos anteriores como el aumento de partidas para las universidades y el anterior aumento para los jubilados. Pero ahora La Libertad Avanza logró sumar al interbloque a los “radicales con peluca” que ya lo habían salvado el año pasado y contabiliza 46 legisladores.
Para sostener el veto el Gobierno necesita 86 votos, si es que están todos los diputados sentados. La ley cosechó 142 a favor, 67 negativos y 19 abstenciones; y tuvo 28 ausentes. Ahí, si el PRO (35) y el MID (3) -aliados cercanos de LLA- se plegaran completos el oficialismo ya alcanzaría 84 voluntades.
A su vez, la extensión de la moratoria previsional se aprobó con 110 afirmativos, 100 en contra y 15 abstenciones. Hubo 30 ausentes. Es el proyecto que menos chance de quedar ratificado tiene porque incluso hubo legisladores opositores que no estaban de acuerdo pero lo votaron por acuerdos políticos y a sabiendas de que sería vetado. A medida que crezcan las ausencias o abstenciones, ese número disminuye porque la cuenta de un tercio de los votos se hace sobre los presentes.
La emergencia en discapacidad tuvo 148 afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones. Estuvieron ausentes 34. En la UCR de Rodrigo De Loredo son 14 y están atravesados por las estrategias electorales. De hecho esta semana los mendocinos de Alfredo Cornejo cerraron con LLA.
Cuando se aprobaron las leyes, el Gobierno calificó de “ilegal” la sesión y volvió a cruzar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a la que Milei trató de “bruta traidora”.
Desde LLA apuntan que las fuentes de financiamiento que se señalan en los proyectos no alcanzan para cubrir el total del costo fiscal que generarían. “El nivel de irresponsabilidad es superlativo. Votan leyes que no tienen fondeo y las explicaciones de como las financian NO CUBREN ni el 15% del costo. Así vienen manejando la Argentina los últimos 25 años: gastaron ilimitadamente y solo generaron pobreza”, lanzó el presidente de Diputados, Martín Menem.
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