El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta, Carlos “Uluncha” Saravia, cuestionó los incrementos de impuestos y tasas en distintos municipios de la provincia y recordó que la legislación vigente limita estos aumentos al nivel de inflación anual.
11/09/2025
Por Expresión del Sur
El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta, Carlos “Uluncha” Saravia, cuestionó los incrementos de impuestos y tasas en distintos municipios de la provincia y recordó que la legislación vigente limita estos aumentos al nivel de inflación anual.
Durante su participación en el programa De Buena Fuente, se refirió a la necesidad de que los municipios y los concejos deliberantes ajusten sus políticas de recaudación dentro de los parámetros legales y económicos establecidos. “Nosotros aplicamos aumentos en función del índice de precios al consumidor que publica el INDEC. Los municipios también deben respetar estos límites”, subrayó.
El funcionario recordó que la Ley de Presupuesto Provincial establece de manera explícita que los incrementos de tasas e impuestos municipales no pueden superar la inflación anual. “No es una sugerencia: es una obligación legal. No puede ser que se aumente por encima de la inflación pensando que el costo de los servicios es mayor. Eso genera un perjuicio directo a los vecinos”, advirtió Saravia.
En ese marco, el presidente del Ente Regulador denunció casos de incrementos desproporcionados durante 2023 y 2024, en municipios como Orán, Tartagal, General Pizarro y Cafayate, donde las subas superaron el 1.000 %. “La mayoría de los municipios aplican lo que llaman ‘tasa municipal’, pero muchas veces los contribuyentes desconocen que están siendo cobrados”, explicó, subrayando la falta de transparencia en la comunicación hacia la comunidad.
Saravia destacó la importancia de la coordinación entre los organismos reguladores y los gobiernos locales para garantizar que los aumentos sean justos, respetando tanto la ley como la capacidad económica de los vecinos. “El objetivo es que los servicios públicos se mantengan sostenibles, pero sin afectar el bolsillo de los ciudadanos de manera desproporcionada”, concluyó.
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