Una mujer con residencia en Salta fue imputada por la Fiscalía de Ciberdelincuencia, al detectarse que una billetera virtual a su nombre fue utilizada para transferir dinero proveniente de una estafa informática denunciada en Buenos Aires.
Judiciales01/10/2025
Por Expresión del Sur
Una mujer con domicilio en la provincia de Salta fue acusada formalmente en el marco de una investigación por estafa informática, luego de haberse detectado que una billetera virtual registrada a su nombre fue utilizada para transferir dinero obtenido mediante maniobras fraudulentas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputó de manera provisional el delito de partícipe necesaria de estafa informática, previsto en el artículo 173 inciso 16 del Código Penal de la Nación.
El caso se originó a partir de actuaciones iniciadas en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 55, con intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que remitió la investigación a la justicia salteña al comprobar que una de las cuentas utilizadas pertenecía a una residente de esta provincia.
De acuerdo con la denuncia, radicada en la Comisaría Vecinal 6A de la Policía de la Ciudad, una mujer había recibido un correo electrónico apócrifo en el que se le notificaba la supuesta suspensión de su cuenta bancaria y se le solicitaba el ingreso de datos personales para regularizar la situación. Tras suministrar la información requerida, los delincuentes obtuvieron acceso a su cuenta y dispusieron una transferencia por una suma significativa de dinero.
Los fondos fueron derivados a una billetera virtual a nombre de la acusada en Salta, desde donde se transfirieron a otras cuentas digitales, dificultando la trazabilidad del dinero y la identificación de los responsables directos de la maniobra.
En su dictamen, la fiscal Cornejo explicó que las organizaciones criminales dedicadas a este tipo de delitos suelen recurrir a lo que se conoce como “mulas financieras”: personas que entregan o comercializan sus cuentas bancarias o virtuales a cambio de una retribución económica, con el fin de disimular el recorrido de los fondos de origen ilícito.
La funcionaria advirtió además sobre los riesgos de brindar datos a desconocidos y remarcó que facilitar cuentas personales a terceros constituye una conducta que puede derivar en responsabilidad penal.
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