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La convocatoria permitió abordar temas más amplios vinculados a la calidad del servicio, la planificación energética y la participación ciudadana.

El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.
Interés General20/10/2025
Por Expresión del Sur
El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca emitió un fallo en el que le ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que reestablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y pague el importe de los haberes retenidos en todo el territorio nacional. La Justicia le impuso un plazo de 24 horas a partir de este viernes para que el organismo cumpla con su resolución.
Además, la Justicia le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar las auditorías y que se suspendan más pensiones no contributivas por incapacidad laboral, hasta que no haya una sentencia definitiva sobre este asunto.
Este fallo del Juzgado Federal catamarqueño extendió a todo el territorio nacional un amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado, a partir de la suspensión masiva de pensiones dispuestas por la ANDIS, con base al decreto presidencial 843/2024.


El amparo colectivo fue impulsado por diferentes organizaciones, como la Asociación Azul, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y distintas personas de forma particular que eran afectadas por la quita de las pensiones. La acción también fue patrocinada por la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
La sentencia del tribunal catamarqueño reconoce que las suspensiones afectaron de manera homogénea a miles de titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y confirma que se trata de un caso colectivo, en el que las vulneraciones comparten una misma causa fáctica y normativa. Por eso, la resolución hace extensiva la protección judicial a todas las personas afectadas en el país, sin necesidad de que se presenten individualmente.



La convocatoria permitió abordar temas más amplios vinculados a la calidad del servicio, la planificación energética y la participación ciudadana.

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