En una reunión informativa, la abogada de Arias explicó que el monto se debe a la reubicación de las propiedades. Las 230 familias afectadas ya contaban con un documento de compraventa que acreditaba pagos anteriores y la invocación de la 9° cláusula, por lo que muchas se niegan a abonar nuevamente.
Sociedad03/11/2025
Por Expresión del Sur
El conflicto por la venta de tierras en el barrio San José suma un nuevo capítulo. Pablo Arias solicitó a las familias asentadas un pago adicional de $4 millones por los terrenos, más una primera entrega de $200.000, lo que generó rechazo entre los vecinos.
En una reunión informativa, la abogada de Pablo Arias explicó que el monto se debe a la reubicación de las propiedades. Las 230 familias afectadas ya contaban con un documento de compraventa que acreditaba pagos anteriores y la invocación de la 9° cláusula, por lo que muchas se niegan a abonar nuevamente, publica Fernando Barros.
Si todos accedieran, la cifra total ascendería a $966 millones, sin incluir lo recibido previamente por la venta inicial de las 11 hectáreas.
El problema se remonta a noviembre de 2020, cuando la fiscala María Celeste García Pisasic medió para que Cecilia Arias y su hijo Javier D’Ormea vendieran 13 hectáreas a 404 familias a precios accesibles. En ese acuerdo, las familias desistieron de ocupar otros terrenos de la familia Arias bajo amenaza de desalojo.
Sin embargo, Pablo Arias aún mantiene terrenos que las familias ocupan, reclamando pagos adicionales o negándose a la venta directa. Esto generó marchas de vecinos que solicitan la expropiación provincial y respuestas del gobierno local ante el déficit habitacional.
La fiscala García Pisasic enfatizó que la Fiscalía solo puede intervenir en cuestiones penales, y que se requiere la colaboración del Ministerio de Infraestructura, Dirección General de Inmuebles, Secretaría de Tierras y Bienes y el Instituto Provincial de la Vivienda para avanzar en una solución integral.
Hasta el momento, no hay pedidos de desalojo firmados y la mediación sigue siendo la vía prioritaria para evitar conflictos mayores.
El departamento Anta enfrenta un gran déficit habitacional, con alrededor de 800 familias asentadas en distintas tomas, según la Policía local, aunque es difícil precisar cifras exactas. Parte de las tierras ocupadas incluyen las cinco hectáreas que la familia Arias donó a la Provincia para evitar su expropiación, las cuales se entregarán a los vecinos mediante el programa Mi Lote.
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