El proyecto que vuelve a comisión busca limitar los traslados entre departamentos, evitar maniobras para acceder a cargos o mejorar jubilaciones y proteger a las escuelas de zonas desfavorables. La discusión sigue abierta y genera fuerte expectativa en la docencia.
Educación16/11/2025
José Alberto Coria
El debate por la reforma del Estatuto Docente vuelve a encenderse en la Legislatura. El proyecto que debía tratarse el martes pasado —y que fue frenado por la intervención de los gremios— apunta a regular los traslados interdepartamentales, una práctica que en los últimos años se multiplicó y que, según sostienen educadores de zonas desfavorables, provoca desequilibrios, pérdida de continuidad pedagógica y desigualdades en el acceso a cargos.
La discusión se retomará el próximo martes, y se anticipa un escenario cargado de expectativas en toda la docencia provincial.
El corazón del debate gira en torno a los traslados entre departamentos. Lo que históricamente fue una herramienta de excepción —justificada por salud, arraigo familiar o causas fundadas— terminó transformándose en un mecanismo masivo que, en algunos casos, permite acceder a cargos jerárquicos o beneficiarse con zona desfavorable en los últimos años de carrera.
En departamentos como Los Andes, donde por años casi ningún docente quería trasladarse por la falta de reconocimiento salarial, el escenario cambió por completo: hoy más de 20 maestros buscan ingresar, lo que genera presión sobre escuelas pequeñas que no pueden absorber semejante demanda sin afectar su estructura.
El conflicto tomó dimensión provincial a partir de un episodio concreto: el intento de trasladar a ocho docentes desde Capital hacia la Escuela Hogar Carlos Guido Spano. La comunidad educativa rechazó de plano la medida, alegando que rompería la continuidad pedagógica y desplazaría a quienes llevan años sosteniendo el trabajo sociocomunitario en el territorio.
Episodios como este comenzaron a multiplicarse en otros departamentos.
El proyecto propone cambios fuertes:
Mínimo de seis años en el cargo antes de pedir traslado.
Criterios estrictos para la movilidad entre departamentos.
Regulación particular para zonas muy desfavorables y de frontera.
Justificación real y comprobable del pedido de traslado.
Evitar movimientos que superen el 5% recomendado por el Consejo Federal de Educación.
El objetivo, aseguran sus defensores, es proteger a las comunidades educativas más vulnerables y garantizar continuidad pedagógica.
La suspensión del tratamiento generó malestar en sectores docentes que reclaman que la discusión se dé “de frente” y no bajo presión de ningún sector. También se cuestiona la falta de diálogo previo entre autores del proyecto, gremios y comisiones legislativas.
Quienes respaldan la reforma sostienen que el sistema actual presenta “graves distorsiones”, con vacantes que no se liberan a tiempo, criterios dispares en juntas de clasificación y maniobras que permiten obtener puntajes o zonas favorables sin haber trabajado en territorio.
Lo que nació como una preocupación puntual en escuelas de montaña hoy atraviesa a toda la provincia. La docencia espera definiciones claras, porque los traslados masivos —advierten directivos y comunidades escolares— impactan en la estabilidad institucional, la continuidad pedagógica y la justicia en el acceso a los cargos.
La próxima semana será clave: la Legislatura deberá empezar a dar forma a un sistema más ordenado o volver a postergar un debate que la escuela pública viene reclamando hace años.
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