La Justicia federal abrió una causa por un presunto esquema de sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad, con maniobras que, según la fiscalía, se habrían desarrollado dentro del Gobierno nacional y ya motivaron la imputación de 15 personas entre exfuncionarios y empresarios.
Judiciales19/11/2025
Por Expresión del Sur
La justicia federal avanza sobre un expediente que involucra a exautoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y a un grupo de empresarios vinculados a la provisión de medicamentos e insumos. El caso, que tomó estado público a partir de la difusión de audios y de documentación interna del organismo, abrió una causa por presuntos sobreprecios, direccionamiento de compras y pago de retornos a funcionarios que integraron la estructura del Gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con la imputación del Ministerio Público Fiscal, la Andis habría operado, entre 2024 y 2025, como un circuito paralelo de adjudicaciones diseñadas para beneficiar a empresas proveedoras del sector farmacéutico. La fiscalía sostiene que el sistema permitió el desvío de fondos públicos mediante contrataciones reiteradas y valores fuera de mercado, lo que, según la estimación inicial, representaría un perjuicio superior a los 43.000 millones de pesos.
Entre los acusados figura el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, quien desempeñó ese cargo hasta la aparición de las primeras denuncias y cual salida se produjo en medio de un clima interno de fuertes tensiones. También fueron imputados exfuncionarios de áreas técnicas y operativas de la Andis, además de representantes de firmas proveedoras que, de acuerdo con la investigación, habrían intervenido en la presentación de presupuestos inflados para asegurar la aprobación de los expedientes.
El caso tomó mayor dimensión política luego de que trascendieran conversaciones atribuidas a Spagnuolo en las que se mencionaba la existencia de un porcentaje destinado al pago de sobornos. La fiscalía, no obstante, evitó basar el dictamen únicamente en esos audios y centró su acusación en pericias sobre teléfonos, registros contables, correos electrónicos, documentación interna del organismo y movimientos patrimoniales de los investigados.
El juez federal Sebastián Casanello dispuso diversas medidas, entre ellas allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos. En ese marco, ordenó la detención de Pablo Atchabahian, exresponsable de un área vinculada a la autorización de prestaciones. El resto de los imputados deberá presentarse a declaración indagatoria en los próximos días.
La causa también generó ruido político en el oficialismo, dado que en las comunicaciones analizadas por la fiscalía aparecen referencias a figuras que ocupaban espacios de relevancia en la estructura gubernamental. El Ejecutivo, al conocerse las primeras denuncias, separó a Spagnuolo y a varios funcionarios del área y rechazó cualquier vínculo con los hechos investigados.
La investigación continúa bajo secreto parcial mientras se procesan las pericias. En los tribunales federales se trabaja ahora en determinar si el esquema señalado por la fiscalía constituyó un entramado sostenido en el tiempo, con responsabilidades escalonadas, o si se trató de maniobras aisladas concentradas en sectores puntuales del organismo.
Mientras tanto, empresarios y exfuncionarios se preparan para comparecer ante el juzgado. El expediente, por su alcance y por la magnitud de los fondos presuntamente desviados, se perfila como una de las causas más relevantes de los últimos meses en materia de corrupción administrativa.
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