La norma redefine cuándo una infracción tributaria pasa a ser delito, eleva los montos mínimos para la persecución penal y busca diferenciar a los contribuyentes de buena fe de los grandes evasores.
Actualidad27/12/2025
José Alberto Coria
Este viernes, el Senado de la Nación aprobó la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que introduce cambios centrales en el régimen tributario y penal argentino, con el objetivo de reducir la criminalización automática de los contribuyentes y dar mayor previsibilidad al sistema.
La ley parte de un principio clave: no toda diferencia impositiva debe ser considerada un delito penal. A partir de ahora, solo los casos que superen determinados umbrales económicos y presenten maniobras claramente dolosas podrán ser investigados penalmente, mientras que el resto quedará dentro del ámbito administrativo.
Entre los principales puntos, la norma:
Desde el oficialismo, la ley fue defendida como una herramienta para dar seguridad jurídica, fomentar la formalización y concentrar los recursos del Estado en la persecución de grandes evasiones organizadas.
En cambio, sectores de la oposición cuestionaron la iniciativa al advertir que podría debilitar los controles y beneficiar a contribuyentes con mayor capacidad económica.
Con la sanción de esta ley, el sistema tributario argentino entra en una nueva etapa, en la que se busca diferenciar errores, incumplimientos administrativos y delitos fiscales, redefiniendo el rol del Estado frente a los contribuyentes.
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