Mangione: “Se pagaron diagnósticos que no existían; es una estafa millonaria”

El ministro de Salud de Salta denunció que se detectaron prestaciones médicas fraudulentas por más de $100 millones utilizando el sello y la firma falsos de un médico, lo que evidencia una “estafa” en el Instituto Provincial de Salud.

Actualidad20/11/2025Por Expresión del SurPor Expresión del Sur
Imac

Una investigación abierta en Salta alcanzó en los últimos días un nuevo nivel de gravedad, luego de que autoridades sanitarias confirmaran que se detectó el empleo del sello y la firma de un cirujano en trámites realizados ante distintas entidades médicas, sin consentimiento del profesional. El caso fue puesto en manos de la Justicia, donde se analiza el alcance de las maniobras y el eventual perjuicio económico causado al sistema provincial.

La denuncia fue impulsada por el Ministerio de Salud tras recibir información procedente del Instituto Provincial de Salud (IPS), donde se advirtió que los documentos presentados coincidían con la firma del doctor Edmundo Falú, quien se encontraba desvinculado desde hacía tiempo de las áreas que figuraban en los formularios. Según informaron las autoridades, el médico declaró que desconocía por completo el uso de su sello en trámites vinculados a prestaciones de alta complejidad.

El ministro de Salud, Federico Mangione, confirmó que el caso se encuadra entre las anomalías más serias detectadas durante la intervención del organismo. Señaló además que, por razones legales, no se difundió formalmente la identidad del centro asistencial mencionado en las actuaciones iniciales, aunque anticipó que las referencias ya circulan en el ámbito sanitario.

De acuerdo con la información preliminar, la operatoria habría permitido la presentación de estudios, diagnósticos y solicitudes de asistencia que no se habrían llevado a cabo. Todo ese movimiento administrativo generó pagos desde el IPS a favor de prestadores externos, sin la participación real del profesional cuyo sello avalaba la documentación.

Las pericias deberán establecer desde cuándo se implementó el mecanismo, ya que hasta el momento no se cuenta con un período comprobado. Los investigadores trabajan sobre expedientes y registros electrónicos para determinar el tránsito de las operaciones y los responsables directos.

Si bien el cálculo final aún no fue cerrado, fuentes del área sanitaria señalaron que las actuaciones hablan de un monto que superaría los 100 millones de pesos, solo en prestaciones atribuidas al sello del cirujano. La causa continúa en etapa de análisis y se prevé que la documentación ampliada sea remitida al Ministerio Público Fiscal para avanzar con las imputaciones que correspondan.

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