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Por primera vez, el Ministerio de Educación, con respaldo de la ministra Cristina Fiore y del mismo gobernador Gustavo Sáenz, denunció ante la Justicia un presunto fraude en concursos docentes. Detectaron certificados apócrifos usados para sumar puntaje y advierten una maniobra organizada de alcance provincial.
Actualidad18/12/2025
José Alberto Coria
Un escándalo de gran magnitud quedó al descubierto en el sistema educativo salteño tras la detección de postítulos docentes presuntamente falsos utilizados para obtener ventajas en concursos de ascenso y designaciones de cargos. A diferencia de lo ocurrido en otras épocas, esta vez hubo una decisión política explícita de avanzar hasta las últimas consecuencias, en una de las áreas más sensibles del Estado.


La denuncia penal fue presentada por el Ministerio de Educación luego de una auditoría interna realizada durante el período de tachas, la etapa final previa a la consolidación de los cuadros de mérito para el ciclo lectivo 2026. La medida contó con el aval de la ministra Cristina Fiore y del propio gobernador Gustavo Sáenz, quienes dieron luz verde para que el caso sea investigado por la Justicia.
El secretario de Gestión Educativa, Alejandro William Becker, en dialogo con Expresión del Sur, explicó que la irregularidad fue advertida por la Junta Calificadora de Méritos, al observarse la reiteración de certificados con formatos, contenidos e institutos idénticos presentados por distintos docentes. “No se trataba de un caso aislado. Había patrones en común que llamaron la atención”, indicó el licenciado a cargo del área.
A partir de esos primeros indicios, los miembros de la Junta iniciaron una auditoría sobre los legajos, cuyos resultados preliminares encendieron las alarmas dentro del Ministerio.
Según detalló Becker, quien además es letrado, la cantidad de casos detectados permitió inferir que no se estaría frente a simples falsificaciones individuales, sino ante una maniobra más compleja y sistemática. “Por los indicios, podría configurarse una defraudación a la administración pública o incluso una asociación ilícita”, advirtió.
Si bien evitó confirmar cifras, el funcionario reconoció que se trata de un número “escandaloso, preocupante y grave”, y que el alcance sería provincial, dado que todas las designaciones docentes pasan por la Junta Calificadora.

En paralelo, el Ministerio analiza si los certificados utilizaban nombres y logotipos de institutos reales, que podrían haber sido víctimas de la falsificación. Becker pidió extrema cautela y evitó dar nombres: “A priori, no podemos afirmar que esas instituciones hayan emitido legítimamente esos postítulos”.
El funcionario remarcó que la determinación de responsabilidades y eventuales delitos excede las facultades administrativas del Ministerio y corresponde exclusivamente a la Justicia.
Becker confirmó que la normativa vigente habilita la suspensión automática por dos años de los procesos de Junta para los docentes involucrados, tanto en nivel inicial y primario como en secundario. Además, se iniciarán sumarios administrativos y los expedientes serán remitidos a sede penal.
Pese a la gravedad del caso, el Ministerio aseguró que intentará sostener los cronogramas previstos para la publicación de los cuadros de mérito y resoluciones de fin de año, con el objetivo de no perjudicar a quienes cumplieron correctamente con los requisitos.
Finalmente, Becker subrayó que la denuncia busca hacer justicia con los docentes que se esfuerzan y se forman de manera legítima. “Defender la educación es defender la carrera docente, la transparencia y el derecho de los chicos a una educación de calidad”, sostuvo.
Y fue contundente: “No vamos a dudar ni dar marcha atrás. Caiga quien caiga”.

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