La investigación por postítulos truchos alcanzaría a más de 400 docentes en Salta

El escándalo por los postítulos docentes presuntamente truchos en Salta podría tener una dimensión mucho mayor a la conocida hasta ahora. Si bien el Ministerio de Educación evitó confirmar números de manera oficial, fuentes con acceso directo al proceso de auditoría y a la investigación en curso confiaron a Expresión del Sur que más de 400 personas estarían involucradas en toda la provincia.

De acuerdo a la información recabada, entre los alcanzados por la investigación habría docentes de aula, pero también directores, vicedirectores, coordinadores pedagógicos y otros cargos jerárquicos del sistema educativo. Incluso, trascendió que un concejal en funciones estaría entre las personas bajo análisis, lo que podría ampliar el impacto político e institucional del caso.

Postítulos truchos en Salta: el Gobierno avanzó con una denuncia penal inédita en Educación

Las mismas fuentes indicaron que el presunto fraude no se limitaría a una región en particular, sino que abarcaría escuelas de distintos departamentos y pueblos del interior, dado que los certificados habrían sido utilizados para sumar puntaje en concursos y designaciones que se rigen por un sistema unificado a nivel provincial.

Desde el Gobierno provincial mantienen la cautela y evitan brindar precisiones mientras avanza la investigación judicial -tras la denuncia presentada por el Ministerio-, con el objetivo de no entorpecer el proceso ni vulnerar garantías individuales. No obstante, reconocen en reserva que se trata de una situación de extrema gravedad, tanto por la cantidad de casos como por los cargos involucrados.

Mientras la Justicia avanza en la determinación de responsabilidades, el caso ya genera una fuerte conmoción en el ámbito educativo y político, y abre interrogantes sobre el funcionamiento de los mecanismos de control durante años anteriores. Desde el Gobierno aseguraron que las personas involucradas automáticamente son excluídas -por el sistema- en el cuadro de puntaje por dos años, mientras inician sumarios, según corresponda el caso.

En ese contexto, la expectativa está puesta en el avance de la causa penal y en las eventuales derivaciones administrativas, en un escenario que podría marcar un antes y un después en el sistema educativo salteño.