Fuentes al tanto de la investigación señalaron que en el colegio N° 5037 de Joaquín V. González podría haber un porcentaje muy elevado de docentes alcanzados por la auditoría. Desde el Ministerio y la Justicia mantienen la cautela mientras avanzan las actuaciones.
Actualidad18/12/2025
Por Expresión del Sur
El escándalo por los postítulos docentes presuntamente apócrifos en Salta sigue sumando capítulos y comienza a impactar de manera directa en establecimientos educativos concretos. Según información a la que accedió Expresión del Sur, en el colegio N° 5037 de Joaquín V. González se estaría analizando una situación particularmente delicada.
De acuerdo a fuentes con conocimiento del proceso, la auditoría en curso habría detectado que un porcentaje cercano al 90% del plantel docente de esa institución estaría alcanzado por observaciones vinculadas a postítulos utilizados para sumar puntaje.
Se trata, por el momento, de una hipótesis de trabajo, que no fue confirmada oficialmente, y que forma parte de las líneas que investiga la Justicia a partir de la denuncia presentada por el Ministerio de Educación.
Las mismas fuentes aclararon que no se trata aún de conclusiones definitivas, y que cada caso deberá ser analizado de manera individual, respetando el derecho a defensa y las garantías administrativas y judiciales correspondientes.
El caso del colegio 5037 se enmarca dentro de una investigación más amplia, de alcance provincial, que —según trascendió— involucra a docentes de aula, directivos, vicedirectores y coordinadores, además de otros actores del sistema educativo.
La eventual concentración de casos en una misma institución genera preocupación, no solo por el impacto administrativo, sino también por las consecuencias que podría tener en el normal funcionamiento escolar.
En paralelo, surgió una hipótesis que también es analizada: la posibilidad de que algunos docentes hayan sido víctimas de una estafa, al haber accedido de buena fe a ofertas de postítulos que resultaron no ser legítimos.
En esos casos, la situación deberá ser evaluada cuidadosamente por la Justicia y por las instancias administrativas correspondientes, para determinar si existió engaño, intermediación fraudulenta o aprovechamiento económico por parte de terceros.
No obstante, desde el ámbito oficial remarcan que la presentación y acreditación de títulos para sumar puntaje conlleva una responsabilidad personal, más allá de que puedan existir situaciones particulares que deban ser consideradas caso por caso.
Por el momento, no hay comunicados oficiales que confirmen cifras ni establecimientos específicos, y desde el Gobierno provincial se mantiene una postura de cautela para no entorpecer la investigación ni vulnerar derechos.
Mientras tanto, la causa avanza en sede judicial y podría derivar en nuevas actuaciones administrativas y penales, en un escenario que mantiene en vilo al sistema educativo salteño y a la comunidad de Joaquín V. González.
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