Un fallo judicial ordenó devolver a la Provincia un predio utilizado durante la gestión anterior. La restitución es leída desde el Municipio como un acto de defensa del patrimonio público y un mensaje político en la disputa con el ex intendente.
Política13/01/2026
Por Expresión del Sur
La recuperación del inmueble identificado con la Matrícula N.º 1.644 se convirtió en un hecho político de peso en La Candelaria. La gestión del intendente Ceferino “Chepi” Díaz logró que la Justicia ordenara la restitución a la Provincia de Salta de un predio que, según determinaron los tribunales, nunca dejó de ser parte del patrimonio público.
Más allá del aspecto judicial, la decisión es presentada desde el Municipio como una definición política: recuperar bienes del Estado que pertenecen a la comunidad y que, durante años, estuvieron fuera del control institucional.
Desde el inicio de su mandato, Díaz planteó como uno de los ejes centrales de su gestión el ordenamiento administrativo y la recuperación del patrimonio público. En ese marco, las denuncias vinculadas al uso del inmueble durante la gestión anterior marcaron uno de los primeros choques políticos con el ex intendente Julio Marcelo Romano.
El fallo del Tribunal de Impugnación vino a reforzar esa línea política, al dejar en claro que no existió ningún acto legal que habilitara la cesión del predio y que su utilización carecía de respaldo jurídico.
La resolución judicial también fue interpretada como una señal política clara hacia la administración anterior. Según consta en la causa, el inmueble habría sido utilizado con fines particulares, con la instalación de maquinaria privada, una situación que la actual gestión denunció como un uso indebido de bienes que son de todos los vecinos.
Si bien los jueces aclararon que la investigación penal continúa y que no hay aún una definición sobre responsabilidades individuales, la restitución del predio marca un límite institucional sobre el manejo de los bienes públicos.
En paralelo a la causa judicial, el Gobierno provincial intervino para evitar nuevas ocupaciones irregulares y posibles maniobras sobre el inmueble. La Secretaría de Tierras y Bienes del Estado constató el deterioro del predio y decidió otorgar al Municipio un Permiso Precario de Uso para la custodia de maquinaria vial.
Para la gestión de Díaz, este paso también tiene una lectura política: el Estado provincial reconoce al Municipio como garante del resguardo de un bien que pertenece a la comunidad.
El conflicto por el inmueble no es un hecho aislado. Se inscribe en una pulseada política más amplia entre el actual intendente y su antecesor, que incluyó acusaciones cruzadas y fuertes declaraciones públicas desde el inicio del actual mandato.
En ese contexto, la recuperación del predio es presentada por el oficialismo municipal como un punto de inflexión en la disputa y como una señal hacia adelante sobre el rumbo de la gestión.
Con esta restitución, la gestión de Chepi Díaz consolida un mensaje político claro: los bienes del Estado son de la gente y deben estar al servicio de la comunidad, no de intereses particulares.
Mientras la causa penal continúa su curso en la Justicia, el fallo marca un precedente en La Candelaria y refuerza la idea de que la defensa del patrimonio público será uno de los ejes políticos del actual gobierno municipal.
El intendente Rolando Rojas tomó una decisión de fuerte impacto en la estructura municipal: achicó el número de cargos políticos y concentró la toma de decisiones para agilizar la gestión y reducir el gasto del Estado local.
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