El Gobierno nacional impulsa bajar la edad de imputabilidad a 13 años

El Gobierno nacional resolvió incorporar al temario de sesiones extraordinarias del Congreso el debate por una nueva Ley Penal Juvenil, con la que buscará bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. La decisión fue tomada este lunes en una reunión de la mesa política del Ejecutivo en Casa Rosada.

La confirmación llegó a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que el proyecto será tratado junto a otras iniciativas clave, entre ellas la reforma laboral, principal prioridad del oficialismo para el inicio del período legislativo.

Si bien en instancias previas el dictamen de consenso había elevado el piso de imputabilidad a los 14 años, el Gobierno volverá a presentar el texto original, impulsado inicialmente por el Ministerio de Seguridad, que propone comenzar a penar delitos desde los 13.

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Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía), el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, la senadora Patricia Bullrich, el asesor Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt.

En los últimos días, Bullrich fue una de las principales impulsoras públicas de la iniciativa, a partir de casos de inseguridad que tuvieron como protagonistas a menores de edad. Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca poner fin a la impunidad y complementar una futura modificación integral del Código Penal.

“Sin consecuencias, hay libertad para delinquir”, sostuvo la ministra en reiteradas declaraciones, al tiempo que pidió acelerar el debate parlamentario. El tema promete generar fuerte discusión política y social, tanto por su impacto en el sistema penal como por el abordaje de la problemática juvenil.

Las sesiones extraordinarias comenzarán la próxima semana y se extenderán hasta fines de febrero. Además de la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, el Gobierno incluyó en la agenda otros proyectos como la modificación de la Ley de Glaciares, pliegos diplomáticos y el acuerdo Unión Europea–Mercosur.