Régimen Penal Juvenil: Diputados entra en semana clave para definir la reforma

La Cámara de Diputados se encamina a una semana decisiva para el nuevo Régimen Penal Juvenil. El proyecto ingresó formalmente y será tratado este miércoles en un plenario de comisiones, con la intención de que llegue al recinto para su votación el jueves.

La iniciativa retoma en gran medida el dictamen debatido en 2025, pero incorpora un cambio central: ahora fija partidas específicas para garantizar su implementación. Según la nueva redacción, se asignan más de 20 mil millones de pesos a la Defensoría General y más de 3 mil millones al Ministerio de Justicia, evitando que el financiamiento quede sujeto a decisiones discrecionales.

Uno de los puntos más sensibles es la edad de imputabilidad. El texto propone bajarla de 16 a 14 años, un umbral que hoy reúne mayor consenso entre los bloques que impulsan la reforma.

Las fuerzas federales interceptaron en 2025 cuatro aeronaves con 1739 kilos de cocaína

El proyecto también establece límites y alternativas en las sanciones. Descarta la prisión perpetua para menores y fija un máximo de 15 años de cárcel. Para delitos de menor gravedad, prioriza medidas socioeducativas, libertad asistida y tareas comunitarias por sobre el encierro.

El debate político

En la oposición advierten que el oficialismo busca acelerar el tratamiento, aunque la iniciativa ya tuvo un amplio recorrido el año pasado, con varias reuniones informativas y consultas a especialistas. De esos intercambios surgió un dictamen con amplio respaldo, incluso con acompañamientos parciales de sectores opositores.

El tema volvió al centro de la agenda tras el crimen de un adolescente en Santa Fe, un caso que reavivó la discusión sobre la responsabilidad penal de menores.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a terminar con la “puerta giratoria” y a establecer consecuencias claras para delitos graves cometidos por jóvenes. Plantean un esquema que combine sanción y resocialización.

Los sectores más críticos, en cambio, cuestionan la efectividad de endurecer penas a menores y señalan que la delincuencia juvenil tiene raíces sociales profundas. También advierten que en otros países de la región no hay evidencia concluyente de que bajar la edad de imputabilidad reduzca el delito.

Con posiciones divididas pero con el debate ya instalado, el Congreso se prepara para una votación que puede marcar un cambio de fondo en el régimen penal juvenil argentino.