Una solicitud sin precedentes reabre el debate sobre muerte asistida en Colombia

El pedido de una mujer de 30 años para acceder al suicidio médicamente asistido volvió a poner en primer plano en Colombia la discusión sobre los alcances del derecho a morir dignamente y los vacíos legales que aún persisten en torno a su aplicación.

Se trata de Catalina Giraldo, psicóloga, quien presentó formalmente ante su prestador de salud la solicitud para acceder a este procedimiento. La práctica fue despenalizada por la Corte Constitucional en 2022, pero, a diferencia de la eutanasia, carece hasta el momento de una reglamentación específica que establezca protocolos claros para su implementación.

El requerimiento fue rechazado bajo el argumento de que no existen condiciones normativas ni operativas que garanticen su realización dentro de un marco legal seguro. A partir de esa negativa, el caso derivó en una instancia judicial que, según sus impulsores, podría sentar un precedente.

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Giraldo cuenta con diagnósticos de trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastornos de ansiedad. A lo largo de los últimos años atravesó distintos tratamientos, entre ellos múltiples esquemas farmacológicos, procesos prolongados de psicoterapia y terapias de mayor complejidad. También registró internaciones reiteradas en el sistema de salud.

El caso tomó estado público tras una entrevista televisiva en la que expuso su situación y el recorrido clínico atravesado. Desde entonces, su planteo fue incorporado al debate público, en un contexto donde la legislación vigente reconoce el derecho a morir dignamente, pero aún presenta zonas grises en su aplicación.

En términos jurídicos, la diferencia entre eutanasia y suicidio médicamente asistido resulta central en la discusión. En el primer caso, el procedimiento implica la intervención directa de un profesional de la salud que administra la sustancia que provoca la muerte. En el segundo, en cambio, es la propia persona quien lleva adelante el acto final, con asistencia médica previa.

El planteo judicial fue inicialmente rechazado por un juzgado de Bogotá, que consideró que la solicitante podría acceder a la eutanasia, práctica que sí cuenta con protocolos establecidos en el país. Sin embargo, la defensa sostiene que se trata de dos procedimientos distintos y que la elección de uno u otro forma parte del ejercicio de derechos individuales.

El expediente continúa su curso en la Justicia, mientras el caso sigue generando repercusiones en ámbitos médicos, jurídicos y sociales, donde la discusión sobre los límites, las garantías y las condiciones de aplicación del suicidio médicamente asistido permanece abierta.