



La investigación por la muerte de Ángel expone un cuadro cada vez más grave y doloroso. A las conclusiones preliminares de la autopsia, que ubicaron el foco en una violencia física extrema, se agregan testimonios incorporados al expediente que describen presuntos episodios previos de maltrato dentro del entorno familiar donde vivía el niño.
El caso es llevado adelante por el fiscal general Facundo Oribones junto a la funcionaria judicial Diana Florencia Guzmán, quienes impulsaron imputaciones por homicidio contra Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González.


Según consta en el informe forense, el niño presentaba más de veinte traumatismos en el cráneo, lesiones que, de acuerdo con la hipótesis acusatoria, habrían sido provocadas de manera intencional. Ese cuadro derivó en un edema cerebral severo que causó la muerte. Entre las posibilidades médicas evaluadas también aparece un mecanismo compatible con el llamado síndrome del sacudón, frecuente en casos de violencia contra menores.
Pero el expediente no se sostiene solo en la evidencia médica. También aparecen relatos de testigos que, para los investigadores, ayudan a reconstruir un contexto previo alarmante.
Uno de los testimonios más sensibles es el de una vecina que relató haber presenciado una discusión semanas antes del fallecimiento. Según declaró, vio a González corriendo junto a su hija de nueve años, mientras detrás iba Altamirano pidiendo a los vecinos que lo frenaran.
Siempre de acuerdo con esa versión, el hombre gritó: “No le hagan caso, le quiere pegar a mi hija”. La respuesta de la mujer fue inmediata: “Como vos le pegás al mío”, en aparente referencia a Ángel.
Para la fiscalía, esa escena adquiere especial relevancia porque sugeriría que las agresiones contra el niño no eran un hecho aislado ni desconocido dentro del entorno más cercano.
La misma testigo agregó que, dos días después de la muerte del menor, Altamirano le envió un mensaje en el que aseguraba que González había quemado la ropa del niño. Luego, ese mensaje fue borrado.
La causa también incorporó antecedentes vinculados al padrastro. Los investigadores establecieron que González practicaba taekwondo en el gimnasio municipal N° 3 de Comodoro Rivadavia. A la vez, una ex pareja declaró haberse separado por hechos de violencia de género.
Esa mujer sostuvo además que, durante la pandemia, el acusado retuvo durante tres días al hijo que ambos tienen en común y lo mantuvo encerrado en su vivienda.
Otra ex pareja declaró en la misma línea. Según consta en el expediente, afirmó que decidió terminar la relación luego de que González agrediera físicamente a su hija.
También aparecen testimonios dirigidos hacia la madre del niño. Un allegado al entorno de Altamirano relató dos episodios de extrema violencia contra otro de sus hijos. En uno de ellos, aseguró que el menor pidió comida y recibió golpes en la boca delante de otras personas. En otro hecho, ocurrido en un paraje de Córdoba, volvió a reclamar alimentos y fue nuevamente golpeado en el rostro.
Siempre según esa declaración, la mujer solía referirse al niño con frases humillantes y despectivas.
Para la acusación, el conjunto de testimonios perfila una trama de violencia reiterada, vulnerabilidad y abandono que ahora resulta central para entender qué ocurrió con Ángel y si hubo señales previas que nadie logró frenar.
La conmoción crece en Comodoro Rivadavia y se extiende más allá de la provincia. La muerte de un niño de cuatro años no solo abrió una investigación penal de máxima gravedad. También volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de protección estatal, la detección temprana del maltrato infantil y las responsabilidades de quienes convivían con la víctima.
Con los acusados detenidos y nuevas medidas de prueba en curso, la Justicia intenta determinar responsabilidades penales en una causa atravesada por un dato imposible de ignorar; detrás del desenlace fatal, todo indica que había señales anteriores. Y muchas.


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