El Ente Regulador congela sueldos, frena contrataciones y ajusta gastos por seis meses

En línea con la política de contención del gasto que impulsa el Gobierno provincial, el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta resolvió aplicar un paquete de medidas de austeridad por un plazo de 180 días, que incluye el congelamiento de salarios, la paralización de nuevas contrataciones y la suspensión de gastos no esenciales.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución N° 665, mediante la cual se dispuso congelar las remuneraciones y equivalencias salariales de los miembros del Directorio durante todo el período de vigencia de la medida. El objetivo, según se desprende de la normativa, es avanzar en un esquema de mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Puerta a puerta y sin escritorio un despliegue del Ente en el interior salteño

En el mismo sentido, el organismo resolvió frenar la cobertura de vacantes y la incorporación de nuevos servicios personales. No obstante, se contemplan excepciones en aquellos casos donde las contrataciones resulten indispensables para garantizar el funcionamiento operativo del ente, conforme a lo establecido en el Decreto Provincial N° 206/26.

El ajuste también impacta en otros rubros. Se dispuso la suspensión de actividades de capacitación que impliquen erogaciones, así como de gastos protocolares, de cortesía y representación. A esto se suma la interrupción de nuevas contrataciones vinculadas al plan de comunicación institucional y la restricción de viajes oficiales al exterior.

Además, durante los próximos seis meses no se realizarán compras de bienes de uso, salvo que sean consideradas imprescindibles y cuenten con la debida justificación administrativa.

Facturas de servicios: el Ente busca ponerle límite a los cargos extra

Como parte del proceso de reordenamiento interno, todas las áreas del Ente fueron instruidas a revisar la ejecución presupuestaria vigente. La premisa será priorizar la asignación de fondos a las tareas centrales del organismo: la regulación, fiscalización y control de los servicios públicos.

Desde el organismo indicaron que las medidas deberán aplicarse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, de modo de no afectar la prestación de sus funciones esenciales ni el cumplimiento de sus objetivos institucionales.