Autoridades del Ministerio Público Fiscal, del área educativa y de Seguridad de la provincia mantuvieron una reunión para analizar las actuaciones judiciales y policiales originadas por mensajes intimidatorios difundidos en establecimientos escolares durante los últimos días. El fenómeno fue vinculado a un “reto viral” que circuló a nivel nacional y también en otros países.

Del encuentro participaron Pedro García Castiella, Cristina Fiore Viñuales, Gaspar Solá Usandivaras y Pablo Rivero, quienes evaluaron el alcance de las denuncias y las respuestas aplicadas en distintos puntos de la provincia.

Según los datos oficiales informados durante la mesa de trabajo, hasta el momento se contabilizan 135 intervenciones preventivas, 17 demoras y 6 detenciones, en expedientes iniciados por presunta intimidación pública, una figura penal prevista para hechos que generan alarma social o alteran el normal funcionamiento de servicios e instituciones.

Durante la reunión también se revisó la aplicación de protocolos internos en los establecimientos alcanzados por las amenazas, así como el encuadre legal de las conductas detectadas. Desde el área educativa señalaron que no se suspendieron clases en ninguna escuela y que la actividad continuó con normalidad.

Salteños reclaman recuperar la autoridad en las escuelas: así fue el debate de la semana

Al mismo tiempo, se informó que podrían adoptarse medidas disciplinarias contra quienes resulten responsables, en paralelo al avance de las investigaciones judiciales. Educación recordó además que este año comenzó a implementarse una normativa específica con procedimientos para casos de bullying, ciberacoso y violencia entre pares.

Otro de los puntos analizados fue la posibilidad de conformar una unidad preventiva con intervención de padres y tutores, bajo los lineamientos de la Ley Nacional 26.892, que promueve la convivencia escolar y establece herramientas para abordar conflictos dentro de la comunidad educativa.

Desde Seguridad destacaron el despliegue de personal policial para tareas de prevención y control, y remarcaron la responsabilidad que puede recaer sobre adultos responsables cuando intervienen menores de edad en hechos con relevancia penal.

Finalmente, las autoridades avanzaron en nuevas jornadas de capacitación destinadas a docentes, equipos técnicos, fuerzas de seguridad y operadores judiciales, con el objetivo de mejorar la detección temprana y la respuesta ante situaciones similares.