Escandalo en el PAMI: detectan sobrefacturación, prácticas fantasmas y cobros a jubilados

Una auditoría interna reveló maniobras irregulares en prestaciones oftalmológicas en varias provincias. Investigan fraude sistemático que afecta directamente a afiliados.

Una investigación interna del PAMI volvió a encender las alarmas sobre el funcionamiento de la obra social más grande del país. Un reciente informe detectó un entramado de prácticas irregulares en prestaciones oftalmológicas que se repite en distintas jurisdicciones y que responde a patrones compatibles con fraude.

El relevamiento se realizó a partir del cruce de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y auditorías prestacionales. Entre las principales anomalías aparecen sobrefacturación, prestaciones que nunca se realizaron, derivaciones direccionadas y cobros indebidos a afiliados.

Uno de los mecanismos más frecuentes detectados fue la sobrefacturación de anteojos. Según el informe, se recetaban lentes de baja graduación pero se facturaban como productos de mayor complejidad, con valores hasta cinco veces superiores.

A esto se suman las denominadas “prestaciones fantasma”: consultas y estudios sin respaldo en historias clínicas. En algunos prestadores, hasta el 50% de las órdenes auditadas presentaban inconsistencias.

Otro punto crítico es la existencia de circuitos cerrados entre profesionales y ópticas, donde las derivaciones se concentraban en determinados comercios, en algunos casos con vínculos personales o familiares. Esto no solo garantiza un flujo constante de ingresos, sino que también limita la libertad de elección de los afiliados.

Sin embargo, el aspecto más grave señalado en la investigación es el cobro indebido a jubilados. En muchos casos, se ofrecían lentes “mejorados” fuera de cobertura, mientras que el lente básico —que debía ser gratuito— también era facturado al PAMI.

Incluso se detectaron situaciones en las que los afiliados abonaban sumas elevadas, combinando pagos en pesos y dólares por prestaciones que ya estaban cubiertas por la obra social.

Las irregularidades fueron detectadas en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero y La Rioja. En uno de los casos relevados, se registraron más de 600 episodios de sobrefacturación, generando un importante perjuicio económico.

Hasta el momento no se informaron casos en Salta, aunque no se descarta que las auditorías se extiendan a otras jurisdicciones.

Desde el organismo aseguraron que la atención a los afiliados está garantizada y que el objetivo es desarticular estos circuitos sin afectar las prestaciones. Actualmente hay sumarios administrativos en curso, causas judiciales abiertas y nuevas auditorías en marcha.

El informe, sin embargo, vuelve a poner en evidencia problemas estructurales en el sistema, con prácticas que impactan directamente en uno de los sectores más vulnerables: los jubilados.